La Fiscalía del condado de Tompkins reabrió la investigación sobre una presunta agresión sexual múltiple denunciada por una exestudiante de la Universidad de Cornell contra siete integrantes de la fraternidad Chi Phi.

Los hechos habrían ocurrido durante la noche del 19 de octubre de 2024 y la madrugada siguiente, en la casa de la fraternidad ubicada en el campus de Cornell, en Ithaca, Nueva York. La decisión se tomó después de que una demanda civil presentada en septiembre de 2026 incluyera nuevas alegaciones, entre ellas que la denunciante habría sido drogada y agredida sexualmente por varios hombres.

¿Qué investiga nuevamente la Fiscalía?

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, informó que su oficina revisará la evidencia relacionada con el caso y que, una vez establecida la posible imputación, el material será presentado ante un gran jurado. Este órgano deberá evaluar si existen fundamentos suficientes para autorizar una acusación penal.

La investigación se refiere a una denuncia presentada por una exestudiante identificada en los documentos judiciales como Jane Doe. En la demanda civil, la mujer sostiene que consumió alcohol y ketamina durante la noche del incidente y que posteriormente varios integrantes de Chi Phi participaron en las agresiones o fueron convocados a través de un chat de Snapchat.

La Fiscalía había decidido no presentar cargos en noviembre de 2024. Van Houten explicó que esa determinación fue jurídicamente correcta con base en la declaración que la denunciante había entregado entonces a las autoridades. Según el fiscal, ese testimonio inicial no incluía las alegaciones de que la mujer hubiera sido drogada contra su voluntad ni de que hubiera sufrido una agresión sexual múltiple.

El funcionario describió como dramáticamente diferentes las acusaciones contenidas en la demanda civil frente a la versión inicial. Por esa razón, la Fiscalía busca establecer si existe evidencia adicional que pueda modificar la evaluación realizada en 2024. Un fiscal con experiencia en delitos sexuales fue asignado para preparar el expediente ante un eventual gran jurado.

Los estudiantes mencionados en la demanda

La demanda civil señala a Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. También incluye como demandados a Cornell y a entidades relacionadas con la fraternidad Chi Phi.

Sin embargo, las afirmaciones incluidas en ese proceso corresponden a alegaciones civiles y no equivalen a una condena ni a la existencia de cargos penales. Hasta ahora, la Fiscalía no ha anunciado acusaciones criminales contra los siete estudiantes. Además, la información disponible no establece que alguno de ellos haya sido declarado responsable civil o penalmente.

Al menos un abogado de una persona mencionada en la demanda negó las acusaciones contra su cliente, según reportes de prensa. La decisión final sobre una eventual acusación dependerá de la revisión de la evidencia y de la determinación del gran jurado, que tampoco constituye una condena.

Investigación interna de Cornell

Cornell confirmó que realizó una investigación institucional separada del proceso penal. La Oficina de Derechos Civiles y la Oficina de Conducta Estudiantil revisaron las alegaciones bajo las políticas de la universidad y las disposiciones del Título IX.

Durante ese procedimiento se impusieron suspensiones temporales y otras medidas restrictivas. Posteriormente, un panel integrado por profesores y empleados capacitados celebró audiencias, examinó la evidencia y aplicó sanciones que incluyeron expulsiones y suspensiones de Cornell.

La universidad no informó qué sanción correspondió a cada estudiante, debido a las normas de privacidad. Cornell sí confirmó que el capítulo de Chi Phi fue cerrado en 2024 y que continúa vetado del campus. La institución también manifestó su respaldo a la decisión de la Fiscalía de permitir que el relato de la denunciante sea examinado por un gran jurado.

Reacciones y próximos pasos

La reapertura de la investigación generó cuestionamientos sobre la respuesta de Cornell y de las autoridades durante la etapa inicial. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una revisión externa de la actuación de la universidad, según reportes de NPR y CNN.

El caso evidencia la diferencia entre los procedimientos disciplinarios universitarios y la investigación penal. Cornell impuso sanciones después de su proceso interno, mientras que la Fiscalía no presentó cargos criminales en 2024. Cada procedimiento tiene estándares y consecuencias diferentes, por lo que las medidas de la universidad no determinan por sí mismas la responsabilidad penal de los señalados.

Por ahora, la Fiscalía revisará el testimonio de Jane Doe y la evidencia nueva incorporada o derivada de la demanda civil. La reapertura no significa que se hayan formulado cargos ni que el gran jurado haya concluido que ocurrió un delito. Cualquier decisión posterior deberá distinguir entre las alegaciones de la demanda, las sanciones internas de Cornell y las determinaciones que eventualmente adopten las autoridades judiciales.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasó en la fraternidad Chi Phi de Cornell?

Una exestudiante de Cornell denunció una presunta agresión sexual múltiple ocurrida el 19 de octubre de 2024 y la madrugada siguiente en la casa de la fraternidad Chi Phi. La Fiscalía del condado de Tompkins reabrió la investigación después de que una demanda civil incluyera nuevas alegaciones.

¿La Fiscalía presentó cargos contra los estudiantes mencionados?

No. Hasta ahora, la Fiscalía no ha anunciado cargos penales contra los siete estudiantes señalados en la demanda civil y revisará la evidencia antes de presentarla ante un gran jurado.

¿Qué medidas tomó Cornell tras las denuncias?

Cornell realizó una investigación interna bajo sus políticas institucionales y el Título IX, que derivó en expulsiones y suspensiones. Además, la universidad confirmó que el capítulo de Chi Phi fue cerrado en 2024 y continúa vetado del campus.