Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer y exconsejera presidencial para la Reconciliación durante el gobierno de Gustavo Petro, denunció presuntos vínculos de la entonces primera dama con el transporte de drogas, dinero y armas entre Colombia y Venezuela. Los señalamientos fueron divulgados el sábado 10 de octubre de 2026, hora colombiana, en una entrevista con la revista Semana, pero hasta ahora no constituyen una prueba judicial ni establecen responsabilidades penales.
Ferrer afirmó que Alcocer habría utilizado aeronaves oficiales para viajar a Venezuela. Según su testimonio, uno de esos desplazamientos ocurrió en enero de 2023 y habría terminado con el ingreso a Colombia de 2,5 millones de dólares en efectivo.
La exfuncionaria también aseguró que existirían fotografías de Alcocer descendiendo de un avión con varias maletas grises que, de acuerdo con la información que recibió, contendrían estupefacientes. No obstante, los medios que reportaron la entrevista señalaron que las imágenes no han sido verificadas públicamente.
Ferrer atribuyó parte de sus afirmaciones al empresario Manel Grau, quien presuntamente le habría hablado sobre movimientos de dinero y la presencia de drogas en esos viajes. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado registros de vuelo, documentos de carga, fotografías verificadas ni otros elementos materiales que respalden las denuncias.
Ante la gravedad de los señalamientos, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el domingo 11 de octubre de 2026 una investigación de la Fuerza Aérea Colombiana sobre el posible uso irregular de aeronaves oficiales. La revisión estará a cargo de la Inspección General y de organismos de contrainteligencia, con énfasis en el personal actual y anterior relacionado con el Comando Aéreo de Transporte Militar, ubicado en Bogotá.
El mandatario también pidió a la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y autoridades de Estados Unidos evaluar la información dentro de sus respectivas competencias.
Al cierre de esta nota, no se había confirmado públicamente ninguna imputación, captura o decisión judicial contra Alcocer por los hechos denunciados. Las autoridades deberán establecer si existieron vuelos, operaciones logísticas o movimientos financieros que permitan comprobar o descartar las acusaciones.
