La exasesora del Gobierno de Gustavo Petro, Eva Ferrer, relacionó a Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, con presuntas irregularidades que incluirían movimientos de dinero, financiación política, uso de aeronaves oficiales y posibles actividades asociadas con drogas y armas. Los señalamientos fueron divulgados el 10 de octubre de 2026, en una entrevista con la revista Semana, y hasta ahora no constituyen pruebas judiciales ni una decisión de autoridad competente.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por medios como El Espectador, El País y El Colombiano, Ferrer sostuvo que Alcocer habría ocupado un papel central en una estructura con intereses económicos y políticos durante el Gobierno anterior. Entre los hechos mencionados figura un supuesto viaje a Venezuela, en enero de 2023, tras el cual presuntamente habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares en efectivo a bordo de una aeronave oficial.

La exasesora también afirmó que parte de esos recursos pudo estar relacionada con la financiación de campañas políticas. Además, aseguró que se habrían cobrado sumas de dinero para organizar reuniones con inversionistas o facilitar nombramientos en entidades públicas. En sus declaraciones mencionó a personas del entorno político y empresarial de Alcocer, aunque los señalamientos no han sido corroborados públicamente con documentos, decisiones judiciales o investigaciones concluidas.

Ferrer explicó que decidió hacer públicas sus afirmaciones por temor por su seguridad y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades. Los medios que difundieron la entrevista advirtieron que se trata exclusivamente de su testimonio y que las personas señaladas no han sido condenadas por los hechos descritos.

Tras la publicación, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana revisar el eventual uso irregular de aeronaves oficiales y establecer posibles responsabilidades. La verificación de los viajes, el origen y destino del dinero y la eventual comisión de delitos quedó en manos de las autoridades judiciales y de control.

Alcocer y los demás mencionados deberán contar con las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia mientras avanzan las indagaciones.