Colombia pedirá este lunes 12 de octubre de 2026 al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas retirar del mandato de la Misión de Verificación el seguimiento específico a la Reforma Rural Integral, uno de los compromisos centrales del Acuerdo de Paz firmado en 2016. La solicitud será presentada en Nueva York durante la sesión en la que se conocerá el informe trimestral sobre la implementación del pacto.
La decisión definitiva quedará en manos de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, que deberán votar el próximo 31 de octubre la prórroga de la Misión y las funciones que cumplirá durante el siguiente año. El Reino Unido, encargado de liderar la negociación del expediente colombiano, prepara el proyecto de resolución que será sometido a discusión.
La petición del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se conoce después del anuncio de una revisión de varios componentes del Acuerdo de Paz, entre ellos los procesos de entrega, restitución y formalización de tierras. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, informó además que fueron suspendidas durante 90 días nuevas medidas relacionadas con estos procedimientos, mientras se evalúan los procesos en curso.
Creada en 2017, la Misión de Verificación acompaña la implementación del acuerdo mediante presencia en los territorios, seguimiento a la entrega de tierras y apoyo al diálogo entre comunidades e instituciones. También ha remitido información a la Agencia Nacional de Tierras sobre posibles conflictos por la propiedad y el uso del suelo.
El informe de Naciones Unidas advierte que persisten retrasos en la expedición de títulos, dificultades para poner en funcionamiento la Jurisdicción Agraria y problemas de seguridad para los beneficiarios de tierras. La organización pidió mantener los avances en el acceso a la propiedad rural y fortalecer el diálogo con las comunidades campesinas y la sociedad civil.
Si el Consejo de Seguridad aprueba la solicitud colombiana, la Misión concentraría su trabajo en la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y algunos componentes de género. El cambio implicaría previsiblemente una reducción de su presencia territorial, así como del personal y los recursos destinados al seguimiento de la reforma rural.
