El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín decidirá el próximo 23 de octubre, a la 1:30 p. m., si Miguel Andrés Quintero Calle continúa bajo detención domiciliaria o debe ser trasladado a un establecimiento carcelario. La audiencia virtual estudiará las apelaciones presentadas contra la medida de aseguramiento que le fue impuesta en medio de una investigación por presuntas irregularidades en seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor total asciende a 17.656 millones de pesos.
Fiscalía y Procuraduría apelaron la detención domiciliaria
La diligencia fue convocada después de que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reconocida como víctima en el proceso, apelaran la decisión de mantener a Quintero en su residencia.
El juez de control de garantías había ordenado la detención domiciliaria mientras avanza el proceso penal. La decisión se tomó en el contexto de una investigación por su presunta participación en los hechos, pero no constituye una condena. Hasta el momento, Quintero no ha sido declarado responsable penalmente.
En segunda instancia, el juez deberá resolver si confirma la detención domiciliaria, ordena su traslado a una cárcel o adopta otra determinación dentro de los asuntos planteados en la apelación.
¿Por qué solicitan que Miguel Quintero sea enviado a prisión?
La Fiscalía y las demás partes que apelaron consideran que la detención domiciliaria podría ser insuficiente para proteger el proceso. Entre sus argumentos señalaron que las conductas investigadas presuntamente habrían involucrado comunicaciones y la intervención de terceros, circunstancias que, según su planteamiento, podrían facilitar una eventual influencia sobre testigos o la reiteración de las conductas investigadas.
La Fiscalía también argumentó que las normas procesales podrían restringir la posibilidad de conceder la detención domiciliaria en casos de peculado por apropiación cuando la cuantía supera el límite legal aplicable. El juzgado deberá estudiar estos argumentos antes de tomar una decisión.
Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Según los investigadores, él y otras personas habrían participado en un esquema mediante el cual se habrían apropiado de 2.481 millones de pesos, a través de presuntas coimas relacionadas con los contratos del AMVA y los bomberos de Itagüí.
La defensa ha rechazado las acusaciones. De acuerdo con los reportes del caso, Quintero no aceptó los cargos y ha calificado la investigación como una persecución política. Las acusaciones deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
También revisarán la situación de Sebastián Ortega
La audiencia del 23 de octubre incluirá el estudio de la apelación relacionada con Sebastián Ortega, otro de los imputados en la investigación, a quien inicialmente no le fue impuesta una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.
La Fiscalía y el abogado de las víctimas solicitaron que Ortega fuera enviado a prisión mientras continúa el proceso, pero el juez de primera instancia no accedió a esa petición. La Procuraduría también intervino en las solicitudes presentadas durante la audiencia de medida de aseguramiento.
En el proceso igualmente fueron imputados Álvaro Villada, subdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica. Según la información disponible, contra ellos no se solicitó una medida de aseguramiento.
Miguel Quintero sigue en casa mientras se resuelve la apelación
La investigación señala a Quintero como una de las personas que presuntamente habría tenido un papel relevante en el direccionamiento irregular de los contratos. Sin embargo, la determinación de responsabilidades penales dependerá de la valoración de las pruebas y de las decisiones que adopte la justicia.
Antes de la audiencia, los abogados Santiago Trespalacios y Astrid Carvajal anunciaron que dejarían de participar en la defensa de Quintero por mutuo acuerdo. Su salida se produce mientras permanece pendiente la decisión sobre la medida de aseguramiento.
Por ahora, Miguel Quintero continúa bajo detención domiciliaria. No se ha decidido que vaya a prisión: esa determinación dependerá de lo que resuelva el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín durante la audiencia virtual del 23 de octubre, programada para la 1:30 p. m., hora de Colombia.
Preguntas frecuentes
¿Miguel Quintero irá a la cárcel?
Todavía no se ha decidido si Miguel Andrés Quintero Calle será enviado a prisión. Actualmente permanece bajo detención domiciliaria y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín resolverá las apelaciones.
¿Cuándo se definirá la situación de Miguel Quintero?
La audiencia virtual será el 23 de octubre a la 1:30 p. m., hora de Colombia. En esa diligencia se estudiará si continúa con detención domiciliaria, es trasladado a una cárcel o se adopta otra determinación.
¿Por qué la Fiscalía pidió que Miguel Quintero fuera enviado a prisión?
La Fiscalía, la Procuraduría y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá apelaron la detención domiciliaria porque consideran que podría ser insuficiente para proteger el proceso. También argumentaron posibles riesgos de influencia sobre testigos, reiteración de conductas y restricciones legales relacionadas con el presunto delito de peculado por apropiación.




