Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), continuará recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, respondiera que no tiene competencia para intervenir directamente en la decisión sobre su lugar de reclusión.
La respuesta se produjo después de una solicitud presentada por Pinilla el 9 de octubre, en la que pidió revisar su traslado desde una guarnición militar hacia un establecimiento penitenciario ordinario. El exfuncionario argumentó que su colaboración con la Fiscalía en el caso de corrupción de la UNGRD podría representar riesgos para su seguridad.
La comunicación no ordenó modificar el traslado ni dispuso su regreso a una instalación militar. En cambio, señaló que la solicitud debe tramitarse ante las autoridades que tengan competencia legal para resolverla.
El Gobierno defiende el fin de los privilegios en la reclusión
El traslado de Pinilla y del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, fue ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella. Ambos permanecían en instalaciones de la Fuerza Pública antes de ser llevados a La Picota.
Al anunciar la medida, el mandatario defendió que las personas involucradas en el escándalo de corrupción deben responder ante la justicia sin recibir privilegios por sus cargos, relaciones o influencia.
«¡Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios!», expresó De la Espriella al referirse al traslado.
La decisión se enmarca en la postura del Gobierno de que los recursos públicos deben proteger el interés general y de que las condiciones de reclusión deben ajustarse a las determinaciones de las autoridades competentes.
La resolución del Inpec, identificada como la 008041 del 6 de octubre de 2026, formalizó el traslado de ambos exdirectivos. La defensa de Pinilla sostiene que existía una decisión judicial previa relacionada con su permanencia en una guarnición militar y ha solicitado que se revisen las condiciones de seguridad.
¿Qué respondió el presidente de la Corte Suprema?
Iván Mauricio Lenis Gómez explicó que la Presidencia de la Corte Suprema carece de atribuciones para modificar decisiones judiciales o intervenir directamente en actuaciones administrativas penitenciarias.
Esto significa que su respuesta no constituye una decisión de fondo sobre las amenazas alegadas por Pinilla. Tampoco equivale a una orden judicial que obligue al Inpec a devolverlo a una guarnición militar.
La solicitud deberá ser examinada por la autoridad que tenga competencia para resolver el asunto, según la naturaleza de la petición y los antecedentes judiciales correspondientes.
Entre las instancias que podrían intervenir están el juez competente dentro del proceso, el juez de ejecución de penas cuando corresponda y el Inpec en el ámbito de sus atribuciones administrativas.
Por ahora, no se ha informado de una nueva decisión que ordene el regreso de Pinilla a una guarnición militar, por lo que continúa recluido en La Picota.
La defensa insiste en los riesgos para su seguridad
El abogado Luis Gustavo Moreno ha argumentado que su defendido necesita condiciones especiales de seguridad debido a la información que ha entregado a la Fiscalía sobre el entramado de corrupción de la UNGRD.
Pinilla fue uno de los principales colaboradores de la investigación y sus declaraciones aportaron información sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y el direccionamiento de contratos. En el proceso aceptó responsabilidad por delitos relacionados con esos hechos y fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión, de acuerdo con la información suministrada para este caso.
La defensa sostiene que las decisiones judiciales anteriores sobre su lugar de reclusión deben ser tenidas en cuenta al evaluar su situación actual.
Sin embargo, la solicitud presentada ante el presidente de la Corte Suprema no produjo una modificación inmediata de su situación penitenciaria. Para cambiar las condiciones de reclusión será necesario que intervenga una autoridad con competencia legal y que se adopte una decisión expresa.
¿Qué puede pasar ahora con Sneyder Pinilla?
La defensa todavía puede acudir a las instancias competentes para solicitar que se evalúen los argumentos sobre seguridad y las decisiones judiciales que considera aplicables.
Mientras tanto, el traslado a La Picota se mantiene. La respuesta del presidente de la Corte Suprema no revocó la decisión del Inpec ni ordenó una medida diferente.
El caso mantiene la atención pública sobre el escándalo de corrupción de la UNGRD y sobre la forma en que las autoridades deben conciliar las condiciones de seguridad de los colaboradores de la justicia con las reglas de reclusión.
La posición del Gobierno de Abelardo de la Espriella es que no debe haber privilegios penitenciarios para quienes estén vinculados a casos de corrupción. Cualquier modificación posterior del lugar de reclusión deberá resolverse mediante los procedimientos y las competencias legales correspondientes.
Preguntas frecuentes
¿Sneyder Pinilla seguirá preso en La Picota?
Sí. Por ahora, Sneyder Pinilla continúa recluido en la cárcel La Picota, porque no se ha informado de una decisión que ordene su regreso a una guarnición militar.
¿Qué respondió el presidente de la Corte Suprema sobre el traslado de Sneyder Pinilla?
Iván Mauricio Lenis Gómez señaló que la Presidencia de la Corte Suprema no tiene competencia para modificar decisiones judiciales ni intervenir directamente en actuaciones administrativas del Inpec. La solicitud debe ser tramitada ante la autoridad legalmente competente.
¿Qué puede hacer la defensa de Sneyder Pinilla para pedir un cambio de reclusión?
La defensa puede acudir al juez competente, al juez de ejecución de penas cuando corresponda o al Inpec, según la naturaleza de la solicitud. Estas autoridades deberán evaluar los argumentos sobre seguridad y las decisiones judiciales relacionadas con su lugar de reclusión.




