El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una revisión inmediata de los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para retirar aquellos que no cuenten con una justificación técnica suficiente. La decisión, anunciada el 15 de octubre durante una visita al Ministerio del Interior, hace parte de la política de austeridad del Gobierno, que busca garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes realmente necesitan protección.

«No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario», afirmó el mandatario, al insistir en que la asignación de escoltas, vehículos blindados y otros mecanismos debe responder a evaluaciones de riesgo debidamente sustentadas.

La instrucción incluye un seguimiento permanente a las decisiones de la UNP. De la Espriella aseguró que mantiene comunicación frecuente con el director de la entidad, Didier Blanco, para verificar que las medidas de protección se asignen con criterios técnicos y que los recursos del Estado no se utilicen en esquemas injustificados.

El Gobierno busca acabar con los esquemas sin sustento

El presidente cuestionó las situaciones en las que, según señaló, se solicita protección estatal sin elementos suficientes que acrediten la existencia de una amenaza. Durante su intervención, advirtió que la denuncia de un riesgo debe estar acompañada de una evaluación que permita determinar si se justifica el uso de recursos públicos.

«Eso se volvió una moda en este país», manifestó el mandatario al referirse a los casos en los que, a su juicio, se solicitan medidas de seguridad sin el respaldo necesario.

La directriz busca fortalecer los controles sobre la asignación de estos recursos y acelerar el retiro de los esquemas que no cumplan los requisitos. La revisión también se relaciona con la situación de las finanzas públicas y con la decisión del Ejecutivo de reducir gastos que no tengan una justificación suficiente.

El mensaje presidencial es claro: la protección estatal debe responder a necesidades reales, no a privilegios ni a decisiones carentes de sustento técnico.

La protección se mantendrá para quienes realmente la necesiten

De la Espriella aclaró que la revisión no significa eliminar indiscriminadamente los esquemas de seguridad. Las personas que enfrenten amenazas comprobadas deberán continuar recibiendo la protección que corresponda de acuerdo con su nivel de riesgo.

«Cuando se trata de proteger a los colombianos no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado», sostuvo el mandatario.

La UNP atiende a personas expuestas a riesgos relacionados con su actividad política, social, periodística o de defensa de los derechos humanos, entre otras circunstancias. Las medidas pueden incluir escoltas, vehículos blindados y otros recursos, cuya asignación y continuidad dependen de las evaluaciones correspondientes.

Por eso, la revisión permitirá establecer cuáles esquemas deben mantenerse, cuáles requieren ajustes y cuáles pueden ser retirados por falta de justificación. El criterio anunciado por el Gobierno es que las decisiones respondan a las condiciones de seguridad de cada beneficiario.

La UNP ya había iniciado revisiones a esquemas de antiguos funcionarios

La instrucción presidencial se conoce después de que la UNP adelantara revisiones de medidas asignadas durante la administración de Gustavo Petro.

El director de la entidad, Didier Blanco, informó en un debate en la Cámara de Representantes sobre dificultades en la devolución de algunos vehículos oficiales por parte de antiguos funcionarios. También explicó que dejar un cargo público no impide necesariamente solicitar protección por razones personales de seguridad, pero que cada caso debe tramitarse conforme a los procedimientos correspondientes.

Entre los casos reportados por medios de comunicación figuran los de los exministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, cuyos esquemas fueron retirados en el marco de una revisión anterior. Estas decisiones precedieron al nuevo llamado presidencial a acelerar el examen de las medidas que no cuenten con respaldo suficiente.

El proceso apunta a revisar las condiciones que justificaron la asignación de cada esquema y a facilitar que los recursos disponibles puedan destinarse a otras personas que sí requieran protección estatal.

Austeridad y control del gasto público

Durante su visita al Ministerio del Interior, De la Espriella también pidió revisar los gastos de esa cartera y de sus entidades adscritas. El mandatario reiteró que su administración busca identificar usos innecesarios de los recursos públicos y actuar frente a eventuales casos de corrupción o favoritismo.

La revisión de los esquemas de la UNP se convierte así en una de las medidas de control del gasto impulsadas por el Ejecutivo. El objetivo es fortalecer la supervisión sobre los recursos destinados a la seguridad y asegurar que su asignación responda a criterios verificables.

Hasta el momento, el Gobierno no ha informado cuántos esquemas serán revisados o retirados, cuál será el plazo para completar el proceso ni cuánto dinero espera ahorrar. Esas cifras se conocerán a medida que avance la evaluación de la entidad.

Con esta instrucción, el presidente Abelardo de la Espriella reafirma su apuesta por una administración más austera, con controles más estrictos sobre el uso de los recursos públicos y una política de protección que priorice a quienes enfrenten riesgos debidamente acreditados.

Preguntas frecuentes

¿Qué ordenó Abelardo de la Espriella sobre los esquemas de seguridad de la UNP?

Ordenó una revisión inmediata de los esquemas de protección asignados por la UNP para retirar los que no tengan una justificación técnica suficiente. La medida busca que los recursos públicos se destinen a personas que realmente necesiten protección.

¿La revisión de la UNP implica eliminar todos los esquemas de seguridad?

No. La protección se mantendrá para las personas que enfrenten amenazas comprobadas, de acuerdo con su nivel de riesgo y las evaluaciones correspondientes.

¿Qué criterios se tendrán en cuenta para mantener o retirar un esquema de protección?

La UNP revisará las condiciones de seguridad de cada beneficiario y la existencia de una evaluación de riesgo debidamente sustentada. Con base en ese análisis, los esquemas podrán mantenerse, ajustarse o retirarse.