Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), lanzó graves señalamientos sobre el manejo del poder durante el gobierno de Gustavo Petro. En entrevistas con Caracol Radio y otros medios, aseguró que una presunta red de mujeres habría tenido influencia sobre contratos y nombramientos en la Casa de Nariño, incluso por encima de los funcionarios responsables de esas decisiones.
Las declaraciones, divulgadas el 12 de octubre de 2026, también reavivaron la controversia alrededor de Verónica Alcocer, las presuntas irregularidades en el entorno presidencial y el nombramiento de Juliana Guerrero. La exfuncionaria afirmó que recibió solicitudes para gestionar contratos y designaciones que consideraba improcedentes y sostuvo que algunas de esas peticiones habrían contado con el beneplácito del entonces presidente.
Los señalamientos abren nuevos interrogantes sobre la transparencia en la administración anterior. La Procuraduría General de la Nación ya citó a declarar a Rodríguez, Eva Ferrer y otras cuatro personas para recopilar información y establecer si existieron irregularidades.
Angie Rodríguez habla de una presunta red de influencias en la Presidencia
En entrevista con Caracol Radio, Rodríguez aseguró que varias mujeres cercanas al entorno presidencial la llamaban o le escribían para solicitar contratos y nombramientos. Según su versión, algunas de ellas ejercían una influencia que superaba la de los funcionarios formalmente encargados de las decisiones administrativas.
«Ojalá fuera solamente la primera dama. No, había una red de mujeres que tenía poder, mucho poder, más que la directora del Dapre», afirmó Rodríguez, según la entrevista publicada por el medio.
La exdirectora también hizo referencia a una supuesta red de mujeres jóvenes y personas dedicadas al proxenetismo que, según su relato, habría tenido vínculos con el entorno de la Casa de Nariño. Estas afirmaciones son denuncias públicas y requieren verificación mediante documentos, testimonios y actuaciones de las autoridades.
Rodríguez sostuvo que se opuso a determinadas solicitudes que consideraba improcedentes. Sus declaraciones plantean preguntas sobre quiénes habrían intervenido en las decisiones, qué contratos estaban en discusión y si se respetaron los procedimientos legales de contratación y nombramiento.
Juliana Guerrero, en el centro de las preguntas por los nombramientos
Uno de los episodios mencionados por Rodríguez involucra a Juliana Guerrero, cuyo eventual nombramiento como viceministra de Juventudes generó controversia por cuestionamientos sobre su formación académica.
La exdirectora del Dapre aseguró que advirtió a Petro sobre presuntas inconsistencias en los títulos académicos de Guerrero y que, pese a sus reparos, el mandatario le habría pedido continuar con el trámite del nombramiento.
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación de los requisitos exigidos para ocupar cargos públicos y sobre el papel de los funcionarios que deben garantizar que las hojas de vida cumplan las condiciones legales.
No obstante, los señalamientos de Rodríguez sobre las conversaciones con Petro deben contrastarse con los documentos del proceso y con las actuaciones de las autoridades competentes. Una denuncia sobre posibles irregularidades no equivale, por sí sola, a una conclusión judicial.
Verónica Alcocer y las acusaciones sobre el entorno presidencial
Rodríguez también respaldó las denuncias de Eva Ferrer, antigua asesora de Verónica Alcocer, sobre una presunta influencia de la entonces primera dama en asuntos administrativos y contractuales.
La exdirectora del Dapre habló de un supuesto «pacto de silencio» entre Alcocer y Petro para protegerse frente a denuncias de posibles irregularidades. Además, aseguró que habría sufrido maltrato verbal y dos intentos de agresión que atribuyó a Alcocer.
Las declaraciones se suman a las acusaciones divulgadas por Ferrer y han ampliado la controversia sobre el funcionamiento interno de la Casa de Nariño durante la anterior administración.
Por ahora, estas afirmaciones deben entenderse como versiones de las denunciantes, no como hechos establecidos judicialmente. Su importancia radica en que involucran a personas que ocuparon cargos o tuvieron acceso al entorno presidencial y que podrían aportar información a las investigaciones.
Petro responde y su abogado anuncia acciones legales
Gustavo Petro rechazó los señalamientos en una publicación en su cuenta de X, en la que escribió: «Jajaja. Como no. En la vida aprendí una cosa: no soy un hombre estúpido».
El exmandatario cuestionó así la versión de que personas de su entorno hubieran ejercido una influencia indebida sobre sus decisiones. Su abogado, Alejandro Carranza, anunció que promovería acciones legales contra Rodríguez por presunta injuria indirecta, injuria agravada y calumnia.
El anuncio de esas acciones no determina la responsabilidad de ninguna de las partes. Tanto las denuncias de Rodríguez como las eventuales acciones de Petro deberán evaluarse en las instancias correspondientes, de acuerdo con las pruebas que se presenten.
La Procuraduría entra a revisar los señalamientos
El 13 de octubre, la Procuraduría citó a declarar bajo juramento a seis personas: Eva Ferrer, Angie Rodríguez, Carmen Caballero, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.
La entidad también ordenó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practicar pruebas para esclarecer los hechos divulgados en medios de comunicación. Entre los asuntos mencionados en las denuncias figuran presuntas irregularidades administrativas y contractuales relacionadas con personas del entorno de la antigua primera dama y varios exfuncionarios.
La actuación busca recopilar elementos que permitan establecer qué ocurrió y determinar si existieron conductas que ameriten otras decisiones disciplinarias. Las citaciones y la práctica de pruebas no significan que las acusaciones estén comprobadas ni que exista una sanción contra las personas mencionadas.
¿Qué falta por esclarecer?
Las declaraciones de Angie Rodríguez ponen bajo escrutinio las relaciones de poder y los procedimientos administrativos en la Casa de Nariño durante el gobierno de Petro. Para establecer si hubo irregularidades, será necesario examinar los contratos señalados, los procesos de nombramiento, las comunicaciones pertinentes y los testimonios de las personas involucradas.
También será necesario determinar si las presiones descritas por Rodríguez existieron, quiénes habrían participado y si alguna decisión pública se tomó al margen de los procedimientos establecidos.
Por ahora, el dato concreto es que la Procuraduría ya activó diligencias para recopilar información, mientras Petro rechaza los señalamientos y su defensa anuncia acciones legales. El desarrollo de esas actuaciones permitirá establecer si las denuncias derivan en hallazgos disciplinarios o judiciales.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la transparencia, el control de los recursos públicos y la obligación de que los nombramientos y contratos estatales respondan a criterios legales y verificables.
Preguntas frecuentes
¿Qué denunció Angie Rodríguez sobre la Casa de Nariño?
Angie Rodríguez afirmó que una presunta red de mujeres cercanas al entorno presidencial habría influido en contratos y nombramientos durante el gobierno de Gustavo Petro. Sus declaraciones son denuncias públicas que deben ser verificadas por las autoridades y contrastadas con documentos y testimonios.
¿Qué relación tiene Juliana Guerrero con las denuncias de Angie Rodríguez?
Rodríguez aseguró que advirtió a Gustavo Petro sobre presuntas inconsistencias en los títulos académicos de Juliana Guerrero y que, pese a sus reparos, le habrían pedido continuar con el trámite de su nombramiento. Estas afirmaciones deben ser contrastadas con los documentos del proceso y las actuaciones oficiales.
¿Qué respondió Gustavo Petro y qué hizo la Procuraduría?
Petro rechazó los señalamientos en una publicación en X, mientras su abogado anunció acciones legales contra Rodríguez por presunta injuria y calumnia. La Procuraduría citó a declarar a seis personas y ordenó practicar pruebas para esclarecer las posibles irregularidades mencionadas.
