El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó este viernes 16 de octubre de 2026, ante la Cámara de Representantes, un proyecto de acto legislativo que busca combatir la llamada mermelada política, aumentar la transparencia y establecer controles sobre la gestión de recursos públicos. La iniciativa, presentada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, propone modificar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso para que los parlamentarios puedan impulsar proyectos de inversión en sus regiones, pero bajo reglas más estrictas de publicidad, control y responsabilidad.

La propuesta busca diferenciar la gestión legítima de obras para departamentos y municipios de las prácticas clientelistas que pueden convertir los recursos del Estado en instrumentos de beneficio político o particular. Para ello, plantea registros públicos de proyectos, intereses y financiadores de campañas, además de restricciones a la intervención de los congresistas en la contratación estatal.

El proyecto deberá superar los debates y procedimientos previstos para una reforma constitucional. Si es aprobado, podría establecer nuevas herramientas para que los ciudadanos conozcan quién propone las obras, cómo se financian, quién obtiene los contratos y cuál es el avance de su ejecución.

Una reforma para acabar con los acuerdos por debajo de la mesa

La iniciativa propone modificar los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución Política, relacionados con las incompatibilidades de los congresistas, los conflictos de intereses, la pérdida de investidura y el presupuesto nacional.

El Gobierno plantea que los legisladores puedan postular oficialmente proyectos de inversión para sus departamentos y municipios sin que esa gestión constituya, por sí sola, una incompatibilidad o un conflicto de intereses. La condición es que el proceso sea transparente y que no se utilice para obtener beneficios particulares.

Uno de los puntos centrales es la prohibición de que los congresistas intervengan en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados de los proyectos que promuevan. La propuesta también busca impedir que los parlamentarios o sus financiadores de campaña obtengan beneficios particulares y determinados a través de esas iniciativas.

Con este planteamiento, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca poner reglas claras a la gestión regional y cerrar espacios a los acuerdos políticos que comprometan el manejo de los recursos públicos.

Registro público para vigilar las obras y sus contratos

Uno de los mecanismos más importantes de la reforma sería la creación de un registro público con información sobre los proyectos postulados por los congresistas. Allí se consignaría cuáles iniciativas fueron presentadas, si se incorporaron al presupuesto nacional, quiénes recibieron los contratos y cuál es el estado de ejecución de las obras.

La finalidad es facilitar el seguimiento ciudadano y permitir que los colombianos conozcan el recorrido de los recursos públicos desde la propuesta inicial hasta su ejecución.

La iniciativa también contempla un registro público de intereses y financiadores de campaña. Esto permitiría identificar las relaciones económicas y sectoriales declaradas por los congresistas y contrastarlas con sus actuaciones en debates y votaciones.

Según el planteamiento del Gobierno, hacer pública esta información ayudaría a detectar posibles conflictos de intereses y dificultaría que los contratos estatales terminen favoreciendo a personas cercanas a redes políticas sin suficiente vigilancia pública.

Ocultar información podría costarles la investidura a los congresistas

El proyecto contempla incorporar una nueva causal de pérdida de investidura para los congresistas que oculten información relevante en sus declaraciones públicas de intereses.

La pérdida de investidura implica consecuencias severas para quien ocupa una curul, por lo que la propuesta busca que las declaraciones no sean un simple requisito formal, sino una herramienta efectiva de rendición de cuentas.

La iniciativa no plantea que toda relación económica o política sea automáticamente ilegal. Su propósito es que los intereses relevantes sean declarados y que la ciudadanía pueda conocerlos, mientras se prohíben los beneficios particulares y determinados derivados de la gestión de proyectos públicos.

El Gobierno también propone que el Congreso expida una ley orgánica para reglamentar los registros, definir cómo se consultará la información, establecer las entidades responsables de administrarla y precisar los controles y sanciones por incumplimiento.

¿Qué pasará con los financiadores de las campañas?

Otro de los puntos que tendrá que debatirse es el tratamiento de los financiadores legales de campañas políticas. La propuesta señala que recibir financiación legal y debidamente registrada no constituiría, por sí solo, un conflicto de intereses.

Una regla similar se aplicaría cuando exista un interés común de un sector económico, social o regional, siempre que el congresista declare la relación y no se configure un beneficio particular y determinado.

Este aspecto será uno de los asuntos centrales durante el trámite legislativo. La transparencia de los aportes permite conocer quién financia a los representantes, pero la aplicación de la reforma también deberá precisar cómo se identifican y controlan los posibles beneficios directos o indirectos para los financiadores.

Por eso, el alcance de las prohibiciones y los mecanismos de verificación serán determinantes para establecer si la reforma logra prevenir el uso de los recursos públicos con fines particulares.

El Congreso tendrá la última palabra

La propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella busca establecer un marco más claro para que los congresistas gestionen inversiones regionales sin que esa actividad se convierta en una vía para negociar contratos o repartir beneficios políticos.

Su aprobación, sin embargo, no está garantizada. El proyecto deberá ser debatido por el Congreso, donde se definirán los cambios que eventualmente se incorporen al texto y el alcance de las nuevas obligaciones.

Si la reforma prospera, los registros públicos, la declaración de intereses y las restricciones sobre la contratación podrían convertirse en instrumentos de control sobre la relación entre política y presupuesto nacional.

La apuesta del Gobierno es que la gestión de obras para las regiones tenga reglas verificables y que los ciudadanos puedan vigilar el destino de los recursos públicos. El trámite legislativo determinará si estas medidas se convierten en una reforma constitucional y cómo se aplicarán en la práctica.

Preguntas frecuentes

¿Qué busca la reforma contra la mermelada política?

La reforma busca aumentar la transparencia y establecer controles sobre la gestión de recursos públicos. También permitiría que los congresistas impulsen proyectos regionales bajo reglas estrictas de publicidad, control y responsabilidad.

¿Qué restricciones tendrían los congresistas con esta propuesta?

Los congresistas podrían postular proyectos de inversión, pero no intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados. Además, no podrían obtener beneficios particulares ni determinados de esas iniciativas.

¿Qué información incluiría el registro público de proyectos?

El registro mostraría los proyectos postulados por congresistas, su incorporación al presupuesto, los contratistas seleccionados y el avance de las obras. La información permitiría a los ciudadanos hacer seguimiento al uso de los recursos públicos.