Antioquia dio un paso hacia la regulación del uso de la inteligencia artificial en la administración pública. La Asamblea Departamental aprobó, con 20 votos positivos, el Proyecto de Ordenanza 023 de 2026, una iniciativa que establece principios para la implementación responsable de estas tecnologías en el departamento.

La propuesta busca que las herramientas de inteligencia artificial contribuyan a modernizar la gestión pública, mejorar la eficiencia institucional y fortalecer la transparencia, sin poner en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Entre los principios contemplados en la ordenanza están la protección de los datos personales, la supervisión humana, la seguridad digital, la gestión de riesgos, la participación ciudadana y la sostenibilidad. La intención es que la incorporación de estas tecnologías sea progresiva y tenga en cuenta sus posibles efectos sobre la igualdad, la privacidad y los derechos de las personas.

El proyecto también plantea que las decisiones y actuaciones apoyadas en inteligencia artificial cuenten con supervisión humana y mecanismos para evaluar los riesgos asociados a su implementación. De esta manera, el departamento busca aprovechar las oportunidades de esta tecnología sin dejar de lado las responsabilidades de las instituciones públicas.

¿Qué implica la aprobación de la ordenanza?

La iniciativa tiene un carácter orientador y establece directrices administrativas para el departamento. No crea nuevas rentas ni servicios, tampoco ordena gasto ni genera automáticamente obligaciones presupuestales. Las acciones que se adelanten deberán ajustarse a los recursos disponibles, los instrumentos de planeación y las normas vigentes.

El diputado Jorge Correa, autor del proyecto, destacó la importancia de establecer pautas para el uso de esta tecnología. Según señaló, Antioquia sería el primer departamento del país en fijar lineamientos de este tipo.

Con la aprobación de la ordenanza, el departamento busca prepararse para los desafíos de la transformación digital y promover una administración pública que incorpore nuevas herramientas bajo criterios éticos y de responsabilidad institucional.

El alcance de este paso dependerá de cómo se traduzcan estos principios en la práctica y de las medidas que adopte la Administración Departamental para llevarlos a sus procesos y servicios.