Durante un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes realizado en la ciudad de Medellín se dio a conocer al parecer una denncia por parte de entidades locales sobre presuntas extorsiones y amenazas de grupos armados.
La información, que habría sido al parecer consignada en una comunicación de EPM dirigida a un congresista Antioqueño, señala posibles exigencias económicas contra Hidroituango y amenazas que también involucrarían, al parecer, al Metro de Medellín.
Según el contenido del documento, que fue conocido durante la discusión, el Clan del Golfo habría exigido $5.000 millones y pagos mensuales de $500 millones para permitir el funcionamiento de Hidroituango. Estas presiones, al parecer, habrían comenzado en agosto de 2025 y se habrían extendido hasta los primeros meses de 2026.
La comunicación también menciona presuntas intimidaciones del Frente 36 de las Farc contra trabajadores y contratistas del proyecto hidroeléctrico, así como posibles amenazas contra el Metro de Medellín y la Alcaldía.
De acuerdo con lo expuesto, estas situaciones habrían sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes, entre ellas el Gaula, la Fiscalía y el CTI.
El documento también relacionaría a estos grupos armados con posibles hechos de violencia contra la infraestructura.
Entre ellos se mencionan la instalación de cilindros explosivos en una vía de acceso a Hidroituango, donde habría muerto un sargento del Ejército y resultado herido un soldado, además de presuntos ataques contra tres torres de transmisión en Medellín y Bello, en septiembre de 2025.
A esto se sumarían reportes sobre sobrevuelos de drones en inmediaciones de la central hidroeléctrica en marzo de 2026. Por razones de seguridad, según la comunicación, EPM habría restringido el ingreso de personal a sectores rurales de Briceño y a por lo menos 17 veredas.
La denuncia también haría referencia a posibles afectaciones en las centrales Porce II y Porce III por actividades de minería ilegal y presencia de grupos armados. Asimismo, señalaría presuntas extorsiones a habitantes de Granizal mediante la reventa de agua potable y acciones que afectarían la prestación del servicio.
Tras conocerse esta información, el representante a la Cámara antioqueño Simón Molina, destinatario de la comunicación, pidió al Gobierno Nacional reforzar las acciones de seguridad en el departamento y proteger la infraestructura estratégica del país.
Sin embargo, consultado sobre estas posibles amenazas, el secretario de Seguridad de Antioquia manifestó que, hasta el momento, a su despacho no ha llegado información sobre alertas de un eventual atentado contra Hidroituango o el Metro de Medellín. Señaló que no cuenta con reportes que coincidan con ese tipo de advertencias.
Por ahora, tampoco se conoce un pronunciamiento oficial de EPM ni del Metro de Medellín que permita ampliar o confirmar públicamente el alcance de las situaciones descritas en el documento.
Es importante precisar que, hasta el momento, la información conocida corresponde a señalamientos consignados en una comunicación y expuestos durante un debate en el Congreso. Por tanto, las presuntas extorsiones, amenazas y responsabilidades de los grupos armados mencionados no han sido confirmadas oficialmente, únicamente se conoce las presuntas amenazas realizadas en mayo de 2026, cuado el gobernador y el alcalde se dirigían a Hidroituango con un grupo de periodistas para observar los avances del megaproyecto.
