El organismo de control advirtió sobre transferencias pendientes de legalización y problemas en obras hospitalarias
La Contraloría General emitió una advertencia al Ministerio de Salud por riesgos en el seguimiento de recursos públicos. Con corte al 30 de junio de 2026, la cartera registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización.
La expresión significa que está pendiente completar o verificar formalmente los soportes sobre la utilización de esos recursos.
En un análisis de infraestructura hospitalaria, la entidad examinó una muestra de 40 proyectos financiados entre 2022 y 2025, con asignaciones por $1,03 billones. De ellos, 22, por $541.194 millones, presentan situaciones que requieren especial vigilancia fiscal. Ese valor corresponde a la muestra y no debe confundirse con los $10,18 billones pendientes de legalización.
Entre los problemas identificados aparecen deficiencias en estudios y diseños, cambios en el alcance de las obras, actividades no previstas e insuficiencias presupuestales. También se señalaron dificultades para seguir la trazabilidad de los recursos.
La Contraloría advirtió que estas situaciones pueden aumentar costos, retrasar entregas y afectar la funcionalidad de hospitales y equipos médicos. Su llamado apunta a fortalecer la supervisión para prevenir una eventual pérdida de recursos.
En las fuentes consultadas no se encontró una respuesta específica de MinSalud a esta advertencia. El seguimiento deberá establecer qué soportes están pendientes, cuáles proyectos requieren correctivos y qué medidas adoptará la cartera. La alerta fiscal, por sí sola, no constituye una condena contra funcionarios o contratistas.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa que MinSalud tenga $10,18 billones pendientes de legalización?
Significa que está pendiente completar o verificar formalmente los soportes sobre el uso de esas transferencias y subvenciones condicionadas. La cifra corresponde a recursos registrados con corte al 30 de junio de 2026.
¿Qué encontró la Contraloría en los proyectos de infraestructura hospitalaria?
La Contraloría examinó 40 proyectos financiados entre 2022 y 2025 y señaló que 22, por $541.194 millones, requieren especial vigilancia fiscal. Identificó deficiencias en estudios y diseños, cambios en el alcance, actividades no previstas, insuficiencias presupuestales y dificultades para rastrear los recursos.
¿La advertencia de la Contraloría significa que ya existe una condena contra funcionarios o contratistas?
No. La alerta fiscal no constituye por sí sola una condena contra funcionarios o contratistas, sino un llamado a fortalecer la supervisión y establecer qué soportes y correctivos están pendientes.
