Alejandro Ordóñez defendió su actuación como procurador general y afirmó que Colombia se habría evitado la “hecatombe” que, según él, dejó el gobierno de Gustavo Petro si se hubiera mantenido su decisión de destituirlo cuando era alcalde de Bogotá. La declaración fue hecha el 7 de noviembre de 2026, hora colombiana, pocos días después de que Ordóñez asumiera como ministro del Interior.
En una entrevista con Yesid Lancheros, director de la revista Semana, el funcionario se refirió a la decisión disciplinaria que adoptó el 9 de diciembre de 2013 contra Petro por el manejo de una crisis de residuos en la capital. En ese momento, Ordóñez destituyó e inhabilitó al entonces alcalde, quien fue apartado temporalmente del cargo.
Petro regresó posteriormente a la Alcaldía de Bogotá tras decisiones judiciales y medidas cautelares. El exmandatario ha cuestionado en varias ocasiones la actuación de Ordóñez y ha calificado de irregular el proceso que condujo a su salida del cargo, al recordar que obtuvo decisiones favorables en instancias judiciales.
“Si me hubieran hecho caso, no estaríamos en la hecatombe que generó el anterior Gobierno”, afirmó Ordóñez durante la entrevista. Al explicar sus palabras, sostuvo que su decisión respondió a las circunstancias y a los elementos disponibles en ese momento, y consideró que mantenerla habría evitado parte de lo ocurrido durante los cuatro años de la administración presidencial de Petro.
El ministro describió la situación del país como una crisis económica, social, política y moral, y planteó la necesidad de una “restauración moral” de Colombia. Ordóñez fue posesionado el 4 de noviembre de 2026 por el presidente Abelardo de la Espriella.
Sus declaraciones reavivaron el enfrentamiento político con Petro, en momentos en que el Ministerio del Interior debe encabezar la interlocución del Gobierno con el Congreso y con distintos sectores políticos.
Las afirmaciones de Ordóñez corresponden a una valoración política de su gestión como procurador y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre las responsabilidades que atribuye al anterior gobierno.
