Durante 2023, Verónica Guerrero Jiménez recibió tres contratos de prestación de servicios con entidades del Gobierno nacional, incluido uno relacionado con el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional para proteger a las comunidades wayúu de La Guajira. Según una publicación de la revista Semana, los contratos fueron asignados de manera directa y no aparecen en el Secop informes de gestión que acrediten el cumplimiento de las obligaciones pactadas, aunque la contratista habría recibido la totalidad de los pagos.

El contrato relacionado con La Guajira fue suscrito con el Ministerio del Interior y tenía como objetivo apoyar la articulación de políticas públicas para grupos étnicos y poblaciones vulnerables. Su alcance estaba vinculado con la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y las comunidades wayúu del departamento.

Una alerta del Viceministerio de Diálogo Social, citada por Semana, advierte que los contratos celebrados durante la administración anterior para atender las órdenes de esa sentencia no habrían cumplido las metas previstas. El documento señala que el Estado incumplió sus deberes de protección y garantía frente a las comunidades beneficiarias de la decisión judicial.

De acuerdo con la publicación, Guerrero tenía 24 años cuando obtuvo el contrato con el Ministerio del Interior. Era bachiller y contaba con pocos meses de experiencia certificada por la Fundación Raíces Afro. Sin embargo, no se habría localizado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública el informe que demostrara la ejecución de las actividades contratadas.

Antes de ese proceso, el 7 de octubre de 2022, Colombia Compra Eficiente le adjudicó directamente un contrato cercano a seis millones de pesos, con una duración de 85 días. Luego, el 20 de febrero de 2023, la misma entidad le otorgó otro por aproximadamente 13 millones de pesos y con una vigencia de 182 días. En este último caso tampoco se habría encontrado el respectivo informe de gestión.

El caso hace parte de los cuestionamientos sobre el uso de recursos destinados a atender la crisis humanitaria en La Guajira. La alerta oficial calcula en cerca de 3.000 millones de pesos el valor de contratos que no habrían cumplido las finalidades previstas. No obstante, estos hechos, por sí solos, no permiten establecer responsabilidad penal o fiscal individual, la cual deberá ser determinada por las autoridades competentes.