El expresidente Gustavo Petro reconoció este viernes 13 de noviembre de 2026, en horario colombiano, que sugirió a Deicy Jiménez buscar un empleo en el Congreso de la República, pero negó haberle ofrecido contratos estatales a cambio de relaciones sexuales. El exmandatario aseguró que tomó esa decisión después de conocer el estudio webcam donde, según su versión, trabajaba Jiménez, en la localidad de Suba, en Bogotá.

“Pude observar el lugar de trabajo de Deicy Jiménez en el estudio webcam en Suba, Bogotá, y casi vomito por las condiciones laborales de esclavitud en que se encontraba”, escribió Petro en una publicación divulgada este viernes. Según explicó, esa experiencia lo llevó a recomendarle buscar “un trabajo formal de acuerdo a sus estudios” en el Legislativo.

Jiménez ha acusado al expresidente de utilizar contratos públicos para obtener favores sexuales. Estas denuncias, que aún no han sido establecidas judicialmente, fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.

Los registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) muestran diez contratos relacionados con Jiménez: siete con el Senado, dos con una dependencia del Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En el Congreso, sus funciones habrían estado vinculadas con el registro y la digitalización de documentos.

Petro ha negado de forma reiterada que haya entregado contratos a cambio de relaciones íntimas y sostiene que las personas vinculadas a su administración fueron seleccionadas por sus méritos. También ha afirmado que las fotografías y testimonios difundidos deben ser examinados por las autoridades antes de emitir conclusiones.

La declaración se conoció el mismo día en que Jiménez tenía programada una diligencia ante la Fiscalía. De acuerdo con reportes de prensa, la audiencia fue aplazada por un problema de salud que afectó al esposo de su abogada.

Las autoridades deberán establecer si hubo irregularidades en las contrataciones y determinar si las acusaciones pueden derivar en responsabilidades penales o disciplinarias.