La Fiscalía General de la Nación enfrenta cuestionamientos por un supuesto plan para otorgar beneficios judiciales a integrantes de la llamada Primera Línea procesados por hechos violentos durante las protestas sociales en Bogotá. Documentos, actas y chats conocidos por la revista Semana apuntan a que la estrategia habría alcanzado al menos 81 procesos y a más de 159 personas en distintas regiones del país. La Fiscalía no ha confirmado ni desvirtuado públicamente el alcance de esas denuncias.

El caso que dio origen a la controversia corresponde a 11 integrantes de la Primera Línea acusados por ataques contra estaciones y buses de TransMilenio, bienes públicos y ciudadanos durante las manifestaciones. Según los documentos citados por Semana, directivos de la Fiscalía y fiscales del proceso sostuvieron una reunión el 23 de junio de 2026, entre las 3:30 y las 4:00 de la tarde, hora de Colombia, bajo una modalidad mixta, presencial y virtual.

En ese encuentro se habría planteado modificar la acusación por terrorismo y cambiarla por el delito de asonada, o aplicar un principio de oportunidad, mecanismo que permite suspender o renunciar a la persecución penal bajo determinadas condiciones. Las fiscales a cargo del expediente se habrían opuesto a modificar la imputación.

La investigación periodística también vincula el caso con la Resolución 0171, firmada el 16 de junio de 2026 por la fiscal general, Luz Adriana Camargo. El acto administrativo creó un grupo de tareas especiales en la Unidad de Justicia Restaurativa y permitió modificar la asignación del expediente.

Posteriormente, según los reportes, la Fiscalía habría ofrecido acuerdos con penas de entre cinco y siete años. Algunas negociaciones incluían retirar el delito de terrorismo y, en otros casos, cambiar la calidad de los procesados de autores a cómplices. Siete de los 11 acusados habrían aceptado los cargos negociados.

Los documentos reseñados también mencionan un inventario nacional de procesos por terrorismo, homicidio, secuestro, desaparición forzada y violencia contra servidores públicos. Uno de los chats atribuidos a funcionarios señala que el grupo buscaba cumplir compromisos políticos y evitar que una eventual controversia comprometiera directamente al despacho de la fiscal general.

Por ahora, los señalamientos permanecen pendientes de esclarecimiento institucional y judicial.