La Fiscalía General de la Nación habría puesto en marcha un plan para revisar y negociar procesos contra personas investigadas por hechos violentos ocurridos durante las protestas sociales, según documentos, actas y chats conocidos por la revista Semana. Un expediente contra 11 integrantes de la llamada Primera Línea, procesados en Bogotá, habría sido utilizado como caso piloto de una estrategia que incluiría 81 procesos en diferentes regiones del país.
Los expedientes están relacionados con delitos como terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, tortura, secuestro simple, desaparición forzada, rebelión, sedición, instigación a delinquir y violencia contra servidor público. Sin embargo, la inclusión de un caso en ese inventario no implica, por sí sola, que los investigados hayan recibido beneficios ni que exista una decisión judicial definitiva.
El proceso de Bogotá se originó en hechos registrados durante las protestas, en los que los acusados fueron vinculados con ataques contra estaciones de TransMilenio, buses del SITP, bienes públicos y ciudadanos. De acuerdo con reportes periodísticos, algunas fiscales se habrían opuesto a cambiar la calificación de terrorismo por la de asonada o a solicitar la aplicación de un principio de oportunidad.
El 16 de junio de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo firmó la Resolución 0171, que ordenó trasladar el expediente a otro despacho y asignarlo a un grupo de tareas especiales de la Unidad de Justicia Restaurativa. La Fiscalía justificó la decisión en la necesidad de armonizar la investigación penal con la protección constitucional del derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica.
Posteriormente, se habrían planteado acuerdos con penas de entre cinco y siete años. En algunos casos se retiró el delito de terrorismo y, en otros, se redujo la participación atribuida de autores a cómplices. Siete de los 11 procesados habrían aceptado los cargos negociados.
Fuentes reservadas citadas por Semana señalaron que el supuesto plan tendría como propósito “pagar favores políticos”. No obstante, esa acusación no ha sido confirmada de manera independiente. La Fiscalía tampoco ha explicado públicamente, de forma detallada, el alcance nacional de la estrategia ni la situación de cada uno de los 81 procesos.




