Deicy Jiménez reiteró este 20 de noviembre de 2026, en Colombia, que continuará ante las autoridades con las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por presuntos intercambios de favores sexuales a cambio de contratos estatales. La Fiscalía General de la Nación recibió documentos y otros soportes aportados por su defensa y reprogramó su declaración para el próximo 1 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.
Jiménez, de 26 años y excontratista de entidades públicas, sostiene que mantuvo una relación con Petro y que, en ese contexto, obtuvo contratos en instituciones como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior. La denunciante también afirmó que los hechos podrían no ser aislados y mencionó la eventual participación de otras mujeres, una hipótesis que todavía no ha sido verificada por las autoridades.
Las acusaciones se hicieron públicas inicialmente el 25 de octubre de 2026, durante una entrevista difundida en medios. Después, Jiménez entregó información a la Fiscalía y rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia, corporación que tiene competencia sobre hechos relacionados con Petro durante el periodo en que mantuvo fuero parlamentario.
El 4 de noviembre, la denunciante publicó en redes sociales un video que, según su versión, la muestra junto al exmandatario. El material fue presentado como parte de las pruebas sobre los encuentros que describe, aunque su autenticidad, contenido y alcance deberán establecerse mediante análisis técnicos y judiciales.
Petro ha negado las acusaciones. El expresidente rechazó haber ofrecido contratos públicos a cambio de favores sexuales y también negó haber tenido encuentros personales con Jiménez durante su mandato presidencial.
La Fiscalía abrió una noticia criminal el 23 de octubre para investigar posibles irregularidades en la contratación pública durante el anterior gobierno. A esa actuación se suman una indagación previa iniciada por la Procuraduría y la solicitud de la Corte Suprema para que Jiménez amplíe sus declaraciones y entregue las pruebas disponibles.
Por ahora, no existe una decisión judicial que confirme una red de contratos a cambio de favores sexuales ni que establezca responsabilidades penales. La investigación deberá determinar la autenticidad de los materiales divulgados, las circunstancias de los contratos mencionados y la posible participación de funcionarios o terceros.




