Seis presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Puerto Wilches, Santander, durante un operativo de la Fuerza Pública contra la expansión territorial y las actividades criminales de esa organización en el Magdalena Medio. El procedimiento fue reportado el 20 de noviembre de 2026, hora colombiana, y los detenidos serían integrantes de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.

Las capturas se realizaron en ese municipio santandereano, donde las autoridades han identificado intentos del grupo armado ilegal por consolidar su presencia y controlar rentas ilícitas. Según los reportes conocidos por El Tiempo, los sospechosos estarían vinculados con extorsiones, intimidaciones a comerciantes y habitantes, así como con actividades destinadas a financiar la estructura criminal.

Tras el operativo, los seis detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente. Será la justicia la encargada de establecer su responsabilidad individual y definir su situación jurídica dentro del proceso penal.

La acción se suma a otras operaciones adelantadas durante 2026 contra el Clan del Golfo en el Magdalena Medio. En enero, tropas del Ejército, unidades de la Armada y agentes de la Policía capturaron a cuatro presuntos integrantes de esa organización en el corregimiento de Badillo, jurisdicción de Puerto Wilches.

En esa operación fueron incautadas tres armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y dos vehículos, elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con las actividades del grupo armado.

La ofensiva también incluyó en noviembre la captura de alias Matamba, señalado integrante de la subestructura Édgar Madrid Benjumea. El hombre es investigado por su posible participación en el hurto de hidrocarburos en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Puerto Parra y Barrancabermeja.

Las autoridades sostienen que las operaciones coordinadas buscan frenar el avance del Clan del Golfo en Santander, afectar sus fuentes de financiación y evitar que imponga controles sobre comerciantes, comunidades y economías ilegales. Aunque las seis capturas representan un golpe a la capacidad operativa de la organización, la responsabilidad penal de los detenidos deberá ser determinada por los jueces.