Jessica Tatiana González, funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunció que el 29 de octubre de 2026 fue sometida en el Palacio de Nariño a un interrogatorio de cerca de cuatro horas y, posteriormente, a una requisa corporal que habría incluido quitarse completamente la ropa. Según su testimonio, el procedimiento estuvo relacionado con preguntas sobre una posible relación con el entonces presidente Gustavo Petro, sus posiciones políticas y las condiciones de su contratación.
La denuncia fue revelada el 20 de noviembre de 2026, hora colombiana, en una entrevista con Caracol Radio. González aseguró que fue interrogada sobre aspectos de su vida personal y laboral, su llegada al Dapre y sus eventuales vínculos con Petro. La funcionaria negó conocer personalmente al expresidente, aunque reconoció haber tenido contacto con Augusto Ocampo, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia.
De acuerdo con su relato, después del interrogatorio ingresó a un baño, donde dos uniformadas le solicitaron entregar sus pertenencias y someterse a una requisa. González afirmó que le ordenaron quitarse toda la ropa, abrir las piernas y mantener la puerta abierta durante el procedimiento.
La funcionaria considera que los hechos podrían constituir presunto constreñimiento y acoso laboral. Su denuncia se conoció en medio de otras acusaciones sobre supuestas presiones contra funcionarias del Dapre.
Petro respaldó públicamente la versión de González y señaló a Carlos Andrés Ríos, director administrativo de la Presidencia, de promover una persecución contra mujeres cercanas al progresismo. El expresidente sostuvo que los hechos podrían tener consecuencias penales, aunque esas afirmaciones no han sido establecidas por las autoridades.
La Fiscalía adelanta investigaciones relacionadas con posibles contratos otorgados a cambio de favores sexuales durante el gobierno Petro. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de que González haya sostenido una relación con el exmandatario ni de que otras acusaciones formuladas por terceros hayan sido verificadas.
El Dapre no había emitido una respuesta pública sobre la denuncia. La Fiscalía, la Procuraduría y las demás autoridades competentes deberán determinar si el procedimiento ocurrió como fue descrito, quiénes participaron y si se configuraron faltas disciplinarias o delitos.




