La Contraloría de Bogotá advirtió sobre un posible detrimento patrimonial de $8.397.276.667 en la atención de adultos mayores en condición de vulnerabilidad a través del servicio social Comunidad de Cuidado, administrado por la Secretaría Distrital de Integración Social. El presunto daño estaría relacionado con fallas en la verificación de los requisitos de ingreso y permanencia de 249 beneficiarios, en hechos registrados entre 2023 y junio de 2026.

Según el organismo de control, varias de esas personas habrían recibido atención y recursos públicos pese a que, aparentemente, no cumplían con todas las condiciones exigidas para acceder al programa. Uno de los criterios establece que los beneficiarios no deben figurar como propietarios de bienes inmuebles, de acuerdo con la información de la Ventanilla Única de Registro.

La Contraloría señaló que se presentaron inconsistencias en la validación de ese requisito y que los controles institucionales no permitieron detectar ni corregir oportunamente los casos. Las posibles irregularidades estarían relacionadas con la aplicación del Manual del Servicio Comunidad de Cuidado, así como con los protocolos de verificación, focalización, priorización e incorporación a los servicios sociales.

La responsabilidad operativa de estos procedimientos corresponde a la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social. Para el organismo fiscal, las fallas evidencian la necesidad de fortalecer la revisión documental, el seguimiento de los beneficiarios y los mecanismos de control sobre los recursos destinados a la población mayor.

Mauricio Dávila, director del Sector Integración Social de la Contraloría de Bogotá, señaló que los cupos y recursos de la red distrital de cuidado son limitados y deben dirigirse a quienes realmente cumplen los criterios de vulnerabilidad y priorización.

El caso fue dado a conocer este 21 de noviembre de 2026, hora colombiana, y permanece en etapa de indagación preliminar. Esto significa que aún no existe una decisión definitiva sobre la responsabilidad fiscal de funcionarios o particulares. La investigación deberá establecer cómo se produjeron las inconsistencias y si estas ocasionaron un daño efectivo al patrimonio público.