Comunidades del Chocó continúan confinadas debido al paro armado declarado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región, lo que ha llevado a una situación cada vez más crítica debido a la falta de acceso a alimentos.
Un total de 52 comunidades se ven afectadas, 41 de ellas afrodescendientes y 11 indígenas, con alrededor de 8.300 personas que temen moverse por las vías terrestres y fluviales. Además, se han registrado seis comunidades desplazadas, aproximadamente 226 familias, que suman unas 700 personas.
A pesar de que el ELN había anunciado un cese de hostilidades ordenado por el Comando Central, en preparación para un cese al fuego acordado con el Gobierno para el 6 de julio, esta semana el Frente Noroccidental de la guerrilla declaró un «paro armado» en el Chocó, dejando a la población de San Juan y Sipí una vez más confinada en sus hogares.
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Esta situación ha generado un fuerte reproche por parte de la Defensoría, que señala que los derechos fundamentales a la vida, alimentación, salud y movilidad libre de la población civil no pueden seguir siendo vulnerados.
Ante esta situación, la Defensoría ha solicitado a las autoridades que garanticen la vida, la integridad, la libre movilidad y la alimentación de las comunidades afectadas. Asimismo, hagan un llamado al ELN para que demuestre de manera clara su compromiso con la paz, cesando la violación de los derechos humanos y poniendo fin al paro armado.
