¿Paz a cambio de impunidad?
Este viernes 23 de mayo de 2025, la decisión presidencial sacudió el delicado tablero político en Colombia: el presidente Gustavo Petro suspendió la extradición a Estados Unidos de Gabriel Yepes Mejía, alias ‘H.H.’, señalado por narcotráfico y solicitado por la justicia estadounidense desde 2022.
La medida, oficializada el 20 de mayo mediante la Resolución Ejecutiva 158, se basa en un argumento singular y polémico: el rol activo de Yepes Mejía como negociador en el proceso de paz con los Comuneros del Sur, disidencia del ELN en el departamento de Nariño. Petro sostiene que mientras ‘H.H.’ aporte pruebas concretas y verificables para avanzar en la llamada Paz Total, la extradición quedará en pausa. La ley colombiana lo permite en etapas avanzadas de abandono de la violencia, según manifestó el mandatario al responder a las críticas que hablan de presiones para frenar el proceso legal.
Detrás de esta suspensión subyacen complejidades profundas. Yepes Mejía está acusado por las autoridades estadounidenses de coordinar grandes envíos de cocaína y de concierto para delinquir con cárteles mexicanos, cargos que llegaron a Colombia en forma de investigación paralela que también incluye homicidio. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de Colombia había dado luz verde a la extradición, avalando la solicitud legal estadounidense.
La decisión genera un vacío de justicia y diversas reacciones institucionales en medio de la tensión política de los últimos días, marcado por denuncias de presiones internas para detener la entrega a Estados Unidos. El presidente Petro defendió la suspensión como un instrumento para fortalecer un proceso de paz frágil y complejo, aunque críticos advierten que tales medidas pueden erosionar la confianza en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico sin concesiones.
Esta pausa no es indefinida. En la resolución queda claro que si ‘H.H.’ detuviera su colaboración o sus aportes dejan de ser verificados, la extradición se reactivaría sin demora, dejando en el aire una pregunta clave: ¿Puede la búsqueda de la paz justificar la postergación de la justicia contra narcotraficantes? El país observa atento, mientras la sombra del narcotráfico y la violencia sigue condicionando las decisiones políticas y judiciales.
¿Será posible avanzar hacia una Paz Total sin sacrificar el principio de justicia? El debate apenas comienza.
