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¿UNA ASAMBLEA PARA CAMBIARLO TODO?
Este 12 de junio, en medio de un clima político tenso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, avivó la controversia al plantear una vía alternativa para su agenda: la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La medida surge como respuesta a la eventual frustración de la consulta popular sobre la reforma laboral, programada para el 7 de agosto de 2025.
En una entrevista televisada y más tarde en eventos públicos en Cali, Petro fue categórico: si la consulta, cuyo decreto ya fue firmado y remitido a la Corte Constitucional, resulta bloqueada o anulada en instancias como el Congreso o la Corte, el camino será la participación directa del pueblo mediante una constituyente. Para ello, prometió reunir ocho millones de firmas que avalen esta iniciativa.
El objetivo declarado de esta consulta es que los colombianos puedan decidir sobre aspectos cruciales de la controvertida reforma laboral que impulsa su gobierno. Sin embargo, la incertidumbre sobre el respaldo institucional pesa. Petro afirmó con firmeza que frente a cualquier obstáculo legal o político la única salida sería que la ciudadanía exija en las urnas la convocatoria a la asamblea.
Para disipar dudas y críticas, el presidente aseguró que esta constituyente no busca beneficios personales: “Cuando se instale la constituyente, no seré presidente de Colombia”, subrayando el carácter colectivo y estructural del proceso. El propósito, explicó, es alcanzar los consensos nacionales necesarios para reformas profundas que la Constitución de 1991 no ha podido garantizar.
El respaldo institucional aparece también en las palabras del ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre, quien enfatizó que la convocatoria a una asamblea debe surgir desde la voluntad popular y no solo como iniciativa del gobierno. Así, se reconoce la necesidad de un proceso legítimo y participativo para evitar fracturas mayores.
El procedimiento para llamar a una Asamblea está claramente regulado. Se requiere que el Congreso apruebe una ley que defina detalles esenciales: los temas a tratar, el número de constituyentes y la forma de elección. Este marco normativo es la puerta de entrada para una reforma con garantías legales.
Pero la pregunta final persiste: ¿podrá esta amenaza de constituyente realmente ofrecer una salida democrática o profundizará la polarización que atraviesa el país? Colombia mira de cerca, consciente de que este proceso podría marcar un antes y un después en su historia constitucional.
