En un giro que muchos ya intuían pero pocos esperaban tan frío, la Comisión Primera del Senado de Colombia decidió archivar el martes 9 de septiembre de 2025 un proyecto de referendo que buscaba darle autonomía fiscal a las regiones. Fue una votación apretada y reveladora: 8 en contra, 7 a favor y 5 abstenciones. ¿Qué estaba en juego? La posibilidad de que los departamentos, como Antioquia, pudieran administrar directamente los impuestos de renta y patrimonio que se generan en sus territorios.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia y promotor principal de esta iniciativa, no ocultó su decepción ni su crítica al centralismo económico. “Pierden las regiones y gana el centralismo. Solo en 2023, Antioquia envió 40 billones al Gobierno Petro y recibió apenas 6 billones vía Sistema General de Participaciones (SGP)”, denunció. Sus palabras no son solo números, sino el eco de un sentimiento que muchas regiones comparten: la sensación de que Bogotá concentra el poder y diluye el esfuerzo local en burocracias excesivas.
Este proyecto no nació de la nada. Fue el resultado de una movilización inédita que recogió más de dos millones de firmas válidas, un grito ciudadano para modificar el artículo 298 de la Constitución y permitir a los departamentos y al Distrito Capital recibir directamente esos recursos fiscales. Los impulsores evidencian con contundencia que departamentos como Antioquia, generadores de cerca del 15% del PIB nacional, ven limitada su capacidad de inversión social y de desarrollo por la desigualdad en la distribución de los recursos.
El rechazo del Senado refleja, en el fondo, una trama compleja: la resistencia del poder central a perder un control crucial sobre la economía del país, y las tensiones que esto provoca en las regiones. Rendón no dudó en señalar al presidente Gustavo Petro como “el principal enemigo de la iniciativa”, lo que añade una capa política aguda a este debate.
