Este lunes 15 de septiembre de 2025, Estados Unidos anunció la desercertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, un golpe que sacude la ya frágil relación bilateral y pone en jaque la estrategia del gobierno de Gustavo Petro.
La decisión fue oficializada por la administración de Donald Trump a través del Departamento de Estado, tras constatar que, en el último año, el país sudamericano incumplió sus compromisos internacionales en el control de narcóticos. Los datos son contundentes: un aumento histórico en los cultivos de coca y en la producción de cocaína, cifras que no solo reflejan un problema de política pública, sino también de liderazgo político. La crítica no se limita a los números, sino que apunta a que los intentos de negociar con grupos armados ilegales han profundizado la crisis. A pesar del severo reproche, Washington ha otorgado una exención para mantener la cooperación bilateral, evitando sanciones inmediatas pero dejando claro que las expectativas son altas y los plazos, cortos.
El memorando presidencial, que cada año evalúa a cerca de veinte países desde 1986, condiciona la ayuda internacional a resultados tangibles. Este 2025, la responsabilidad recayó directamente sobre Petro, señalando que los planes de erradicación y control han fracasado. No obstante, se reconocen los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y el sector judicial, cuya labor ha sido valorada por Estados Unidos pese al contexto adverso. La exigencia está planteada: progresos rápidos y verificables, sobre todo en la reducción de cultivos ilícitos y la cooperación judicial, serán determinantes para revertir esta situación en septiembre de 2026.
Desde Palacio, Gustavo Petro respondió con contundencia a las acusaciones. En un mensaje a la nación, rechazó categóricamente las críticas y calificó la desercertificación como una medida injusta que no comprende la complejidad del drama social y armado que vive Colombia. Denunció que el enfoque estadounidense perpetúa un modelo que no ha logrado detener el narcotráfico y aseguró que su gobierno continúa comprometido con políticas integrales para atacar las raíces del problema.
Esta resolución vuelve a destapar viejas heridas y abre interrogantes complejos: ¿podrá Colombia reconciliar sus divergencias con Estados Unidos y ofrecer resultados concretos? ¿Será posible avanzar hacia una estrategia antidrogas que incluya no solo la coerción, sino también la justicia social y la reconciliación? Mientras tanto, la sombra de la desercertificación envuelve un país que busca respuestas en medio de una encrucijada histórica.
