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¿Justicia en la gestión o desconcierto administrativo?
Este 22 de septiembre de 2025, Medellín enfrenta una nueva sombra en la administración pública. La Contraloría Distrital concluye una auditoría sobre la vigencia 2024 y destapa cinco presuntas irregularidades en el manejo de viáticos, recursos y bienes públicos del Instituto de Deportes y Recreación (INDER).
Lo más alarmante surge alrededor de un viaje oficial en junio de 2024: el director del INDER viajó a Bogotá para el sorteo del Mundial Femenino Sub-20, pero la legalización de sus viáticos se realizó extemporáneamente, casi un año después, el 30 de mayo de 2025. Un retraso que no solo infringe el Reglamento Interno, sino que impide validar el uso correcto del dinero público, desdibujando la trazabilidad y dejando entrever un detrimento patrimonial. Peor aún, la autorización vino del subdirector administrativo y financiero, cuando la norma señala que esta potestad corresponde a la Secretaría Privada de la Alcaldía. ¿Un descuido, una omisión o una violación al principio de legalidad? La pregunta queda flotando en el aire, mientras la institucionalidad se tambalea.
Más allá del caso emblemático, el informe revela otras falencias inquietantes. La contabilidad enfrenta inconsistencias cercanas a los 30.000 millones de pesos, fruto de una falta evidente de conciliación con otras entidades públicas. Este vacío compromete la credibilidad de los estados financieros y desnuda grietas profundas en el sistema contable interno. Asimismo, el director del INDER mantiene a disposición un vehículo oficial sin que exista acto administrativo formal que ampare su uso, representando un manejo informal y opaco que erosiona la transparencia.
No menos preocupante es el retraso en el pago de una factura de servicios públicos a EPM por más de 1.500 millones de pesos, que generó intereses por 5,3 millones. Un pago que, aún siendo moneda corriente en algunas oficinas públicas, refleja una gestión poco diligente con el patrimonio de la ciudad y genera un costo adicional innecesario para los contribuyentes.
Las voces oficiales reconocen la importancia de esclarecer estos hechos y han prometido adoptar medidas de control y corrección. Sin embargo, la ciudadanía observa con escepticismo: ¿será posible remontar un sistema que permite estos vacíos y demora respuestas? El informe de la Contraloría es, más que un llamado a rendición de cuentas, un espejo del desencanto burocrático que persiste detrás de las instituciones que deberían velar por la transparencia y el buen uso del erario público.
¿Logrará Medellín recuperar la confianza en sus administradores deportivos o seguirá navegando en esta incertidumbre, donde la legalidad se dilata y las sombras proliferan? El reloj sigue corriendo, pero la pregunta sigue intacta.
