📸 Imagen cortesía: Andrea Puentes – Presidencia de la República
¿Ejecuciones a la sombra del Caribe?
Este jueves 23 de octubre de 2025, Bogotá se convirtió en el epicentro de una acusación grave que resquebraja la ya frágil relación entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro denunció que Washington ha ejecutado extrajudicialmente a 37 personas durante ataques militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, ordenados desde agosto por el entonces presidente Donald Trump.
Según Petro, al menos nueve embarcaciones fueron destruidas en estas operaciones, un uso de la fuerza que calificó como desproporcionado y violatorio del derecho internacional humanitario. “No importa si llevan cocaína o no, matar sin juicio es un crimen que ni la justicia ni la moral pueden avalar”, sostuvo durante una rueda de prensa en Bogotá ante corresponsales internacionales. La exigencia fue clara: los presuntos narcotraficantes deben enfrentar la justicia, no un pelotón de fusilamiento marítimo. En paralelo, el presidente solicitó a la ONU y a organismos regionales de derechos humanos que se pronuncien con urgencia ante lo que considera “violaciones graves contra la vida y el debido proceso”.
La Casa Blanca no tardó en responder. Caroline Levit, portavoz oficial, calificó la crisis diplomática de irreversible bajo la dirección de Petro y aseguró que no existe voluntad alguna de desescalada por parte del mandatario colombiano. El tono burlón de Levit evidenció un profundo deterioro en las relaciones bilaterales, que ya estaban marcadas por tensiones derivadas de decisiones como la exclusión de Colombia de la lista de aliados en la lucha antidrogas, la revocación masiva de visas a funcionarios colombianos y la suspensión de ayuda financiera: todas implementadas por Trump este año como respuesta al aumento de cultivos ilícitos en el país.
Este intercambio público pone en evidencia una pulsión de poder geopolítica donde los límites del derecho y la ética se diluyen en el fondo turbio de la guerra contra el narcotráfico. Más allá de los golpes verbales y los gestos diplomáticos, la pregunta que persiste es cómo estas acciones impactan en la vida de quienes habitan las regiones fronterizas y marítimas, expuestos no solo al negocio ilegal sino también a un conflicto de soberanía que pone en jaque los principios de justicia internacional.
En este escenario, la comunidad internacional observa con expectación y preocupación si la justicia podrá esclarecer estos hechos o si, por el contrario, las sombras de la impunidad seguirán ampliándose en aguas que deberían ser refugio, no zona de guerra. ¿Podrá el derecho internacional contener la escalada y restaurar la confianza erosionada, o solo seremos testigos de nuevas heridas abiertas en nombre de la seguridad?
