Colombia se mantiene como el país más letal para los defensores ambientales por tercer año consecutivo
En 2024, Colombia se consolidó como el país con mayor número de asesinatos y desapariciones de defensores ambientales en el mundo, con 48 víctimas, según informó la organización Global Witness. Esta cifra representa casi un tercio de los 146 casos a escala global.
Entre enero y diciembre del 2024, la violencia ligada a economías ilegales, proyectos extractivos y el control de territorios por grupos armados clandestinos generó múltiples hostilidades en municipios de los departamentos de Cauca, Putumayo y Nariño, las regiones más afectadas. Estos ataques mantienen a los líderes ambientales en el centro del conflicto por sus denuncias y oposiciones a actividades ilícitas. “Aunque el número de homicidios descendió respecto a 2023 —cuando se reportaron 79 casos— la violencia persiste con intensidad en estas zonas, donde confluyen minería ilegal, narcotráfico y disputa por el control territorial”, señaló Global Witness.
De acuerdo con un informe de Mongabay Latam, Colombia lleva siete años consecutivos como escenario del mayor número de asesinatos a defensores sociales y humanos, y tres años siendo el país más letal para defensores ambientales. Entre enero y junio de 2025, el programa Somos Defensores verificó 78 homicidios y más de 340 agresiones, especialmente contra representantes indígenas y comunidades rurales, que enfrentan también amenazas, desplazamiento forzado y criminalización de su protesta social, en un marco de elevada impunidad.
“El hostigamiento continúa y se extiende en territorios biodiversos, donde la tendencia no muestra avances claros”, explicó María Torres, analista del programa Somos Defensores. Según el Ministerio de Ambiente, las amenazas evidencian la complejidad para implementar el Acuerdo de Escazú sobre protección a defensores, especialmente en municipios como Sabana de Torres, Santander, donde líderes locales denuncian intimidaciones atribuibles al grupo armado Ejército Gaitanista debido a su oposición a títulos mineros.
Las autoridades monitorean estas situaciones, pero organismos de derechos humanos califican las medidas estatales como reactivas y poco efectivas. Enfatizan que la débil presencia institucional, un modelo extractivo insistente y la expansión constante de economías ilegales exponen a quienes protegen la naturaleza a altos riesgos en su labor. La Gobernación y Alcaldías hacen un llamado a intensificar la protección y respeto a la vida de estos defensores vitales para la preservación ambiental en Colombia, así como mejorar mecanismos de prevención y respuesta frente a estas amenazas.
