📸 Cortesía: Colprensa
Procuraduría exige pago a Alejandro Ordóñez por $1.674 millones tras indemnización a familia de Piedad Córdoba
La Procuraduría General de la Nación adelanta una demanda de reparación directa contra el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado para que asuma con su patrimonio la suma de 1.674 millones de pesos, correspondiente a la indemnización que el Estado tuvo que reconocer a la familia de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. El proceso judicial se lleva a cabo ante el Consejo de Estado y está relacionado con la nulidad de la sanción disciplinaria que destituyó e inhabilitó a Córdoba en 2010.
Solo en la audiencia de conciliación realizada el 12 de noviembre de 2025 en el Consejo de Estado, quedó claro que no existen acuerdos entre la Procuraduría y la defensa de Ordóñez, por lo que el proceso continuará en los estrados. La Procuraduría sostiene que el exprocurador actuó con culpa grave y que basó su sanción en conjeturas e indicios sin pruebas fehacientes, incluyendo información obtenida de computadores incautados a alias Raúl Reyes durante la operación Fénix, hechos ya cuestionados por la misma corporación al anular la sanción disciplinaria.
Entre los rubros que la Procuraduría pretende recuperar, están 1.435 millones de pesos entregados el 27 de diciembre de 2017 a la familia de Córdoba por salarios y prestaciones dejadas de percibir tras la nulidad de la medida disciplinaria. El Consejo de Estado determinó que la Procuraduría fundamentó la destitución e inhabilidad impuestas en 2010 en elementos que no cumplen los estándares probatorios del Código Disciplinario.
La defensa de Ordóñez, liderada por la exmagistrada y exministra de Justicia Ruth Stella Correa, rechaza cualquier conciliación pues sostiene que el exprocurador se acogió a pruebas legítimas que vinculaban a Córdoba con las Farc. Además, consideró que la demanda implica aceptar responsabilidades que no reconoce. El Consejo de Estado solicitó nuevas pruebas a la Corte Suprema, a la Fiscalía y otros despachos, y prevé un fallo de fondo en el primer semestre de 2026.
De prosperar esta demanda, se establecería un precedente sin precedentes en Colombia, obligado a un exjefe de un organismo de control a responder patrimonialmente por decisiones tomadas en ejercicio de sus funciones, lo que podría influir en los límites del poder disciplinario del Estado y el resarcimiento por daños causados.
