📸 Cortesía: Colprensa
Altos oficiales denuncian presuntas interferencias de senadora en operativos en Antioquia
En las últimas horas, altos mandos de la Policía Nacional y Fuerzas Militares denunciaron que Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, habría interferido en operaciones contra estructuras criminales en Antioquia. La denuncia viernes llevó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a citar de manera urgente a la cúpula militar este lunes 15 de diciembre en Bogotá para verificar los hechos y analizar responsabilidades.
Según informó una investigación de Semana, ocho generales —cinco activos y tres retirados— aseguraron que Zuleta, su hermana Lina y asesores, entre ellos Johan Edisson Giraldo, contactaron directamente a oficiales para pedir la suspensión de choques con organizaciones relacionadas con narcotráfico, minería ilegal y disidencias de las Farc en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y área metropolitana del Valle de Aburrá. Uno de los militares advirtió, bajo condición de anonimato, que “mi cabeza puede rodar” ante posibles represalias políticas.
Estas presuntas interferencias fueron reportadas a las autoridades, incluidas el Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema de Justicia desde los primeros meses de 2025. De acuerdo con Sánchez, la información circula por medios y él escuchará tanto a oficiales como a la senadora antes de emitir un pronunciamiento institucional.
Por su parte, Isabel Cristina Zuleta rechazó las acusaciones y aseguró que sus intervenciones se inscriben en el marco legal del control político y la estrategia de “paz total”. Como defensora de los derechos humanos, pidió que las acciones militares respeten el respeto a la vida civil y el debido proceso. Además, atribuyó la denuncia a “ataques políticos” promovidos por sectores aliados al alcalde Federico Gutiérrez y el Centro Democrático, a raíz de su crítica contra operativos en la minería artesanal en Antioquia.
Mientras se adelantan las investigaciones internas, el Ministerio de Defensa no ha tomado decisiones oficiales y la Fuerza Pública mantiene la preocupación por el posible impacto que estas interferencias tendrían en la autonomía operativa y en la separación de poderes. Por ahora, se espera que el proceso aclare las responsabilidades y establezca las garantías para continuar los operativos en el departamento.
