Cuenta oficial de X de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) lanzó una alerta frente a la posible declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno Nacional, que según consideran pone en riesgo la separación de poderes y la democracia. La solicitud apunta a que la Corte Constitucional suspenda cualquier norma al respecto, con argumentos sólidos sobre una maniobra para evadir al Congreso posteriores al hundimiento de la ley de financiamiento.
El pronunciamiento fue encabezado por Bruce MacMaster, presidente de la ANDI, quien envió una carta al alto tribunal calificando la medida como una “jugada política orquestada” para implementar una reforma tributaria mediante decretos en un periodo de vacancia judicial coincidente con el cierre de la legislatura ordinaria. En declaraciones al programa Mañanas Blu el 22 de diciembre, MacMaster añadió que el Ejecutivo direccionó deliberadamente los trámites legislativos bajo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, como confirmó el ministro del Interior.
La idea surgió luego del anunció del Gobierno el 19 de diciembre, donde el ministro de Hacienda, Germán Ávila, comunicó que se estaba ultimando el decreto para afrontar un déficit de 16,3 billones de pesos en el Presupuesto General 2026, que alcanza los 546 billones. El Gobierno fundamentó la declaratoria en el aumento en obligaciones de deuda pública, deuda en salud, riesgos en subsidios energéticos y posible rebaja en calificación crediticia. Además, prevé aplicar nuevas cargas fiscales en impuestos como el gravamen a movimientos financieros, patrimonio de empresas, licores, cigarrillos, hidrocarburos y plataformas digitales.
La ANDI es enfática en que no hay un “hecho sobreviniente” ni crisis inminente mayores a previsiones presupuestales, señalando que este déficit originado deriva de una política de gasto excesivo del mismo Gobierno. MacMaster advirtió que esta intervención irregular puede quitar confianza a contribuyentes e inversionistas, afectando también la estabilidad democrática e institucionalidad, en referencia directa a la acción alrededor del decreto.
Opiniones de expertos respaldan el rechazo. El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo describió esta intención como un “error histórico”, al destacar que la decisión del Congreso de fallar en archivo de la ley fiscal fue legítima y esperada, cuestionó la falta de ajustes en la estructura del gasto y alzó su voz ante métodos poco convencionales de endeudamiento adoptados.
Ante esta situación, la ANDI estipuló que la solución debe provenir del ajuste al gasto público o reformas claras en el presupuesto y no de pasar por encima al Poder Legislativo. Se hizo un llamado formal a la Corte para que suspenda provisionalmente cualquier decreto durante la fase de vacancia judicial, para evitar abusos y proteger las garantías institucionales. Hasta el 22 de diciembre en la mañana, el decreto aún no había sido publicado oficialmente, aunque desde el Ministerio de Hacienda confirmaron su pronta radicación y ejecución normativa.
