Archivo de la cuenta de X de María Fernanda Cabal
La Corte Constitucional de Colombia enfrenta numerosas demandas contra el Decreto 1390 de 2025, que declara estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La medida fue firmada por el presidente Gustavo Petro el 22 de diciembre tras la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento para 2026, y permite al Ejecutivo emitir decretos con fuerza de ley durante 30 días. Políticos de la oposición han exigido su revisión inmediata a pesar de la vacancia judicial.
Las denuncias provienen, entre otros, de la senadora María Fernanda Cabal, la senadora Paloma Valencia y el candidato presidencial Abelardo De la Espriella. Argumentan que no existen hechos inéditos ni imprevisibles que justifiquen la emergencia y advierten que se estaría rechazando el papel del Congreso al imponer impuestos por decreto. La Suprema Corte recibió demandas entre el 23 y 24 de diciembre de 2025 en Bogotá, habitación del proceso de control frente a la declaratoria y sus decretos derivados.
“Este decreto viola el artículo 215 de la Constitución porque no hay circunstancias nuevas que lo justifiquen. No puede usarse para corregir errores legislativos o déficits fiscales previsibles”, afirmó María Fernanda Cabal. Paloma Valencia agregó que ante la gravedad de la situación, la Corte debe retomar funciones y revisar el decreto inmediatamente para evitar el abuso del poder por parte del Ejecutivo. Por su parte, Abelardo De la Espriella solicitó la suspensión y convocar a sesiones extraordinarias, incluso en días festivos, para atacar la ilegalidad de la medida.
El Gobierno decretó la emergencia motivado por una «coyuntura fiscal excepcional», consistente en un amplio déficit, recursos escasos para 2026 y crisis en salud y orden público, sumado al rechazo en el Congreso a proyectos por más de 28 billones de pesos. Esta norma permite emitir decretos legislativos que sustituyen decisiones legislativas tomadas pasadas las objeciones parlamentarias, situación que genera gran molestia entre legisladores adversarios y gremios como Camacol, que temen por la afectación a la confianza inversionista.
La Corte Constitucional explicó el 23 de diciembre que realizará un control progresivo bajo los artículos 241 a 243 y la Ley 137, secundando el proceso automático una vez se levante la vacancia en enero. Esperan fijar criterios pues similares situaciones resemblaron el decreto cuyo examen automático adelantó la Corte en 2010. Mientras tanto, destacan que estas actuaciones se priorizan ante condiciones especiales y solicitan a la comunidad estar atenta a la evolución de las medidas.
La oposición sostiene que el gobierno debe respetar la vía constitucional y que no hay méritos para que continúe el decreto. Por eso requieren que se declare inconveniente e inexequible la situación y se suspendan efectos asociados, a fin de impedir nuevos impuestos comenzando desde enero 2026. Se aguarda que en la próxima sesión del tribunal se defina el futuro legal de esta emergencia económica y su impacto nacional.
