La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yesison Alexis Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón, presuntos responsables del asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Wilber Ferney Martínez Sana, ocurrido el pasado 13 de agosto en el municipio de Itagüí, Antioquia. Tras las audiencias preliminares, una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Detalles del homicidio y la investigación
Según la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los hechos se registraron en inmediaciones de la cárcel La Paz, en el barrio San Francisco de Itagüí. El funcionario del Inpec, Wilber Ferney Martínez Sana, fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba de espaldas y en condición de indefensión, circunstancia que agrava la calificación del delito bajo la normativa penal colombiana.
Los presuntos responsables habrían llegado al lugar en un taxi, vehículo que según la Fiscalía sirvió tanto para el desplazamiento hasta el sitio como para facilitar la huida luego del ataque. En la reconstrucción del hecho, se señala que Arenas Torres descendió del automóvil para disparar contra el dragoneante, mientras Patiño Garzón permaneció al volante, coordinando la acción criminal.
Imputación y elementos probatorios
La Fiscalía imputó a ambos hombres los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, ambos en modalidad agravada. Se destaca que el arma utilizada fue una pistola equipada con un supresor de sonido de fabricación hechiza, elemento que no está autorizado para uso civil y que agrava la valoración del hecho por su intención de evitar la detección inmediata del disparo.
Durante el operativo policial realizado minutos después del ataque en el barrio Guayabal de Medellín, se logró la captura de Arenas Torres y Patiño Garzón. En el procedimiento fueron incautados el taxi utilizado y el arma de fuego con su supresor, los cuales hacen parte del material probatorio que sustenta la investigación.
Medida de aseguramiento y proceso judicial
Tras la audiencia de imputación, en la que los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, una juez de control de garantías decidió imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta decisión responde a criterios como la gravedad del delito, el riesgo para la comunidad y la posibilidad de obstrucción a la justicia o fuga.
Actualmente, el proceso judicial continúa en etapa de investigación y juicio. La Fiscalía deberá presentar ante un juez las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Mientras tanto, Arenas Torres y Patiño Garzón permanecen privados de la libertad, amparados por el principio constitucional de presunción de inocencia.
Este caso se inscribe en un contexto institucional marcado por la preocupación frente a los ataques contra servidores públicos vinculados al sistema penitenciario. Tanto la Fiscalía como el Inpec han reiterado la importancia de fortalecer las investigaciones y las medidas de protección para el personal encargado de la custodia y vigilancia en los centros carcelarios, dada la exposición al riesgo inherente a su labor profesional.
