La Fiscalía General de la Nación confirmó la condena contra Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, y Cristian Camilo González Ardila, quienes reconocieron su participación en la planeación y logística del magnicidio del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay. El ataque ocurrió en junio de 2025 en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, y con estas nuevas sentencias ya suman siete condenas en firme por este crimen.
Detalles de la investigación y preacuerdo judicial
La investigación fue adelantada por fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, quienes reconstruyeron el papel de Mora Silva y González Ardila en la ejecución del atentado. Ambos aceptaron mediante un preacuerdo su responsabilidad en las labores de planeación y logística del ataque, lo que permitió agilizar la resolución judicial. Una juez penal especializada avaló la negociación, considerando que las sanciones se ajustaban a la normatividad vigente, y emitió sentencias condenatorias contra los dos implicados.
Roles específicos en el magnicidio
Jhorman David Mora Silva fue identificado como el enlace principal con el menor que disparó contra el senador. Según la Fiscalía, él contactó al joven agresor y mantuvo comunicación con otros miembros del grupo criminal durante el atentado. En el día de los hechos, Mora Silva sostuvo una videollamada con otros involucrados, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, durante la cual se dieron instrucciones precisas al adolescente para ejecutar el ataque. Por estos hechos, fue condenado por homicidio agravado, fabricación y porte ilegal de armas, concierto para delinquir agravado y uso de menores en la comisión de delitos.
Por su parte, Cristian Camilo González Ardila se sumó al plan como apoyo logístico para facilitar la huida del agresor. Se comprometió a recoger en motocicleta al menor que disparó, para asegurar su escape. Recibió una transferencia de dinero destinada a cubrir gastos de combustible y desplazamiento hasta el punto acordado. Sin embargo, el joven fue interceptado durante su fuga por el esquema de protección del senador antes de llegar al sitio previsto, frustrando así el plan de escape.
Impacto judicial y contexto político del caso
Las penas impuestas reflejan la diferenciación en responsabilidades: Mora Silva recibió una sanción más alta debido a su rol central en la coordinación del atentado, mientras que González Ardila fue condenado por su labor logística. La Fiscalía destacó que con estas sentencias ya son siete las condenas en firme relacionadas con el magnicidio. Este caso ha tenido amplio seguimiento mediático y político debido a la condición de Miguel Uribe Turbay como senador y precandidato presidencial, así como por las implicaciones sobre la seguridad de figuras públicas en Colombia.
Voceros cercanos a la familia han señalado que el senador solicitó en varias ocasiones el reforzamiento de su esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin que dichas peticiones fueran atendidas oportunamente. Aunque estos señalamientos forman parte del debate político y administrativo, la Fiscalía ha mantenido el enfoque en identificar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales del atentado.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay se inscribe en un contexto más amplio de riesgo para dirigentes políticos y autoridades en Colombia, marcado por la acción de grupos armados ilegales y redes criminales. La Fiscalía ha presentado los avances judiciales como una muestra de capacidad institucional para responder a ataques graves y proteger la integridad democrática mediante la aplicación rigurosa de la ley. Las nuevas condenas contra Mora Silva y González Ardila consolidan el esclarecimiento del caso, aportando detalles sobre la organización criminal desde el reclutamiento del menor hasta la logística fallida para la fuga del agresor, mientras continúan las investigaciones para identificar posibles nuevos involucrados.
