El FBI y autoridades colombianas buscan a una abogada identificada con las iniciales A. G. y a un expolicía, señalados de presuntamente filtrar información reservada a la organización narcotraficante Los del Dorado. La filtración habría permitido a integrantes de la red intentar mover o transferir bienes antes de una operación judicial, aunque las autoridades lograron ocupar 44 propiedades valoradas en más de 22.000 millones de pesos.

El caso fue conocido públicamente entre el 12 y el 13 de septiembre de 2026, en Colombia, a partir de reportes de medios nacionales y de información contenida en expedientes judiciales. Los inmuebles están ubicados en el marco de una investigación contra Los del Dorado, estructura señalada de procesar y enviar cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Según los reportes divulgados por Infobae y El Tiempo, la abogada habría advertido con anticipación a miembros de la organización sobre actuaciones judiciales en curso y sobre una inminente medida de ocupación de bienes coordinada entre autoridades colombianas y agentes del FBI. Tras recibir esa información, presuntos cabecillas habrían ordenado movimientos de propiedades para tratar de impedir que fueran entregadas al Estado.

Los investigadores analizan si A. G. fue la principal responsable de las filtraciones o si actuó como intermediaria entre funcionarios con acceso a expedientes y la red criminal. También se indaga si habría solicitado una suma millonaria a integrantes de Los del Dorado a cambio de entregar información sensible sobre la investigación y las medidas cautelares.

Estados Unidos estudia solicitar su extradición por una posible obstrucción a la justicia, debido a que la conducta investigada habría interferido en una operación conjunta contra el narcotráfico y el lavado de activos. La eventual petición se tramitaría bajo el tratado de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos.

La investigación estaría relacionada con la llamada “fortuna criminal” mencionada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en denuncias sobre redes de narcotráfico y blanqueo de capitales. Hasta ahora, las autoridades no han divulgado el nombre completo de la abogada ni han precisado su paradero. Tampoco se conocen públicamente detalles sobre la situación jurídica del expolicía.