La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra tres jefes del Clan del Golfo, luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializara el cierre de los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La medida quedó consignada en la Resolución 0-0284 del 11 de septiembre de 2026 y fue conocida públicamente este domingo 13 de septiembre, en Bogotá.

Los requerimientos judiciales vuelven a regir contra Orozman Orlando Osten Blanco, alias “Rodrigo Flechas”; Elkin Casarrubia Posada, alias “El Cura”; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias “Bruno” o “Jerónimo”. Los tres habían sido beneficiados en agosto de 2024 con la suspensión de sus órdenes de captura para facilitar su participación en un espacio de conversación sociojurídico con el Gobierno nacional.

La decisión fue firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, después de que la Presidencia diera por terminado el espacio de conversación con el EGC. Con el cierre formal de las mesas, también quedaron sin efecto los beneficios judiciales otorgados a los voceros del grupo armado durante las negociaciones impulsadas bajo la política de paz total del Gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro.

Según la Fiscalía, los diálogos no derivaron en una ruta concreta de sometimiento a la justicia ni en un mecanismo jurídico e institucional que permitiera definir la situación penal de los integrantes del Clan del Golfo. Por esa razón, fueron reactivados los requerimientos que habían sido suspendidos.

La medida hace parte de una estrategia más amplia del Gobierno de De la Espriella y de la Fiscalía para restablecer las órdenes de captura contra integrantes de organizaciones armadas ilegales, entre ellas disidencias de las FARC y otros grupos, después del cierre de distintas mesas de diálogo.

Con la resolución, las autoridades retoman plenamente la persecución penal contra los tres cabecillas, quienes vuelven a ser buscados por los delitos que se les atribuían antes de los acercamientos con el Estado. La reactivación de las órdenes no implica, por sí misma, una captura inmediata, pero habilita nuevamente a las autoridades para ejecutar los requerimientos judiciales en su contra.