La Fiscalía General de la Nación acusó a Juan David Cruz Larrarte, copropietario y gerente de un grupo inmobiliario, por la presunta estafa de al menos 45 personas en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Según la investigación, los perjuicios superarían los 865 millones de pesos y los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2026.

El ente acusador señaló que Cruz Larrarte contactaba a propietarios, arrendatarios y potenciales compradores a través de redes sociales y llamadas telefónicas. Para generar confianza, presuntamente presentaba certificados de la Cámara de Comercio, documentos bancarios e información sobre la estructura de la empresa.

Una de las modalidades investigadas consistía en celebrar contratos para administrar inmuebles y recibir los cánones pagados por los inquilinos. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, esos recursos no eran entregados posteriormente a los propietarios. Los retrasos o incumplimientos se habrían atribuido a supuestas fallas bancarias o contables.

La investigación también apunta a que el procesado ofrecía descuentos a cambio del pago anticipado de varios meses de arrendamiento, sin contar con la autorización de los dueños de los inmuebles. Además, habría celebrado contratos sobre propiedades que la empresa no administraba o respecto de las cuales no tenía facultad para ofrecerlas.

En otros casos, las víctimas habrían entregado varios cánones como alternativa a la presentación de un codeudor, pero nunca recibieron el inmueble ni recuperaron el dinero pagado.

Un fiscal de la Seccional Medellín trasladó a Cruz Larrarte un escrito de acusación por el delito de estafa en modalidad masa, mediante el procedimiento penal especial abreviado establecido en la Ley 1826 de 2017. El procesado no aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías ordenó su traslado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La medida de aseguramiento no constituye una condena. La responsabilidad penal de Cruz Larrarte deberá definirse en las etapas correspondientes, por lo que mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.