Una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín permitió desarticular presuntamente una estructura dedicada a la comercialización y distribución ilegal, mediante encomiendas, de insumos utilizados para fabricar explosivos. En diligencias de registro y allanamiento realizadas en municipios de Antioquia y Cundinamarca fueron capturadas seis personas, a quienes se les imputaron cargos que no aceptaron.
Incautación de detonadores y otros insumos
Los procedimientos se realizaron el 13 de septiembre de 2026, en el marco de una operación adelantada en Sonsón y Medellín, en Antioquia, y en Lenguazaque, Guachetá, Pacho y Ubaté, en Cundinamarca. Según la información expuesta por las autoridades y divulgada por medios nacionales, en estos lugares se habrían ubicado centros de acopio y tránsito de elementos destinados a la fabricación de material explosivo.
Durante los allanamientos fueron incautados 17.500 detonadores y estopines, cerca de 1.500 metros de cordón detonante o mecha de seguridad y 75 kilogramos de clorato de potasio, además de otros elementos relacionados con la elaboración de explosivos.
De acuerdo con la hipótesis de la investigación, los insumos eran obtenidos, comercializados y distribuidos por fuera de los canales autorizados y sin los controles estatales requeridos. El material habría sido movilizado mediante encomiendas desde distintas zonas del país, con rutas que incluían el traslado desde Ipiales, en Nariño, hacia el centro de Colombia.
Los seis capturados y sus presuntos roles
Entre los capturados está Mauricio Cuervo Saavedra, señalado como el presunto articulador de la estructura. Según la Fiscalía, habría sido el encargado de acordar cantidades, precios y pagos, además de definir las modalidades de distribución de los insumos.
También fue detenido Diego Norbay Áviles Meneses, quien habría cumplido funciones de intermediario y estaría relacionado con el traslado de los materiales desde Ipiales hacia el centro del país. A Edwin Jair Porras Vásquez, alias Simón, se le atribuye presuntamente la gestión de la devolución de elementos cuando eran incautados.
La investigación también vincula a Jonathan Jesús Molina Castillo con la recepción y distribución de los productos, que presuntamente eran camuflados como artículos agrícolas para intentar evadir los controles durante los envíos.
Los otros señalados son Eduardo Cortés Hernández, alias Chivito, quien estaría involucrado en labores de negociación y acopio en Ubaté, y José Jair Arévalo Valladales, alias El Paisa, identificado por los investigadores como presunto proveedor mayorista de los insumos.
Imputación de cargos no fue aceptada
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los seis capturados, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Durante la audiencia de imputación, ninguno de los procesados aceptó los cargos. Por esta razón, las afirmaciones presentadas por la Fiscalía permanecen en etapa de investigación y deberán ser debatidas en las fases correspondientes del proceso penal. La captura y la imputación no constituyen una sentencia condenatoria ni implican, por sí mismas, el reconocimiento de responsabilidad.
La operación fue presentada por las autoridades como una acción para afectar las cadenas de suministro de explosivos utilizados en actividades criminales y economías ilegales. Aunque los reportes conocidos no establecen cuál sería el destino final de los elementos ni relacionan a la estructura con una organización armada específica, el decomiso representa una intervención sobre una red que presuntamente tenía capacidad para almacenar, negociar y transportar estos insumos.
La investigación se apoyó en el seguimiento de patrones de envío de encomiendas, el cruce de información de inteligencia y la identificación de rutas y puntos de acopio. Hasta la fecha de los reportes disponibles no se informaron decisiones de fondo en los procesos penales ni nuevas capturas relacionadas con esta estructura, por lo que el caso continuará su curso ante las autoridades judiciales.
