Una organización criminal presuntamente dirigida desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá, habría obtenido más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas. Según la Fiscalía General de la Nación, la estructura utilizaba falsos perfiles de WhatsApp, material íntimo y montajes fotográficos para intimidar a sus víctimas y exigirles dinero a cambio de no divulgar el contenido.

Así operaba la red desde el pabellón 6

La investigación, presentada en Bogotá el 14 de septiembre de 2026, estableció que las llamadas extorsivas se originaban presuntamente desde la cárcel La Picota y se apoyaban en el uso ilegal de celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras. Con estos recursos, los integrantes de la organización habrían burlado los controles que debía ejercer el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

El mecanismo comenzaba con la creación de perfiles falsos en WhatsApp, usualmente con fotografías de mujeres, desde los cuales se ofrecían supuestos servicios sexuales. Después de establecer contacto con las víctimas, los responsables les solicitaban fotografías o videos de contenido íntimo. En otros casos, elaboraban montajes con imágenes tomadas de perfiles públicos.

Una vez obtenían el material, cambiaban la dinámica de la conversación y amenazaban con publicarlo en redes sociales o enviarlo a familiares y contactos cercanos. La exigencia consistía en entregar dinero para evitar la divulgación. Esta modalidad de sextorsión habría afectado a personas ubicadas en diferentes regiones del país, de acuerdo con los reportes incorporados a la investigación.

El recorrido del dinero y los bienes adquiridos

La Fiscalía señaló que los pagos no llegaban directamente a los presuntos responsables. Las víctimas enviaban los recursos a billeteras digitales y cuentas bancarias de terceros. Desde allí, el dinero era distribuido entre integrantes de la red, algunos de los cuales operaban fuera del establecimiento penitenciario.

Parte de los fondos era retirada en efectivo y, según la hipótesis investigativa, se destinaba a la compra de casas, vehículos y otros activos suntuarios. También se detectaron consignaciones de bajo monto que retornaban al penal y tenían como destinatarias a personas vinculadas con Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma.

Aunque permanece privado de la libertad, Viracachá Ballén habría conservado el control criminal y financiero de la estructura. La Fiscalía le atribuye la coordinación de internos y colaboradores externos, así como el dominio sobre el flujo de los recursos obtenidos mediante las actividades ilícitas.

El proceso incluye, entre otros delitos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. El lavado de activos está relacionado con la presunta inversión del dinero en inmuebles, vehículos y otros bienes, con el propósito de ocultar su origen y consolidar el patrimonio de la organización.

Investigación financiera y denuncias de las víctimas

Las labores de policía judicial comenzaron a partir de un Reporte de Operación Sospechosa, conocido como ROS, emitido por el sistema financiero. A partir de esa alerta, los investigadores analizaron más de 631.000 operaciones relacionadas con el caso y siguieron la ruta de los recursos desde su origen hasta su destino.

El análisis permitió agrupar denuncias y reportes de víctimas en 43 noticias criminales. Con esta información, la Fiscalía identificó patrones repetitivos en las llamadas, estableció los movimientos del dinero y determinó quiénes tendrían el control de las cuentas y billeteras utilizadas para recibir los pagos.

De acuerdo con el ente acusador, la estructura no funcionaba únicamente en La Picota. El caso haría parte de un ecosistema financiero ilegal alimentado por extorsiones y estafas cometidas desde distintos centros penitenciarios del país. En este contexto, el INPEC ha desarrollado operaciones para identificar y bloquear líneas asociadas con posibles extorsiones, además de realizar incautaciones de celulares en las cárceles.

La investigación también contempla presuntas intimidaciones y agresiones contra otros internos. Según la información divulgada, el control ejercido por alias Pluma dentro del pabellón habría generado un régimen de miedo que facilitaba la continuidad del negocio criminal y la subordinación de otros reclusos.

Las autoridades recomendaron a las víctimas de extorsión y estafa digital denunciar de inmediato y conservar las evidencias, entre ellas capturas de pantalla de los perfiles falsos, registros de llamadas y comprobantes de las transferencias realizadas. La combinación de redes sociales, aplicaciones de mensajería y servicios financieros digitales ha ampliado las posibilidades de estas estructuras para contactar a sus víctimas y mover el dinero.

Hasta el momento de la información disponible, las actuaciones judiciales se concentran en Fabián Viracachá Ballén y otros presuntos integrantes de la red. El proceso continúa en curso y no se han informado sentencias definitivas, por lo que las conductas atribuidas corresponden a hipótesis de la Fiscalía y deben ser analizadas bajo el principio de presunción de inocencia.