Alias Bocalinda, identificado como Orlando Cuéllar Aya, fue capturado el 11 de noviembre de 2026 en la vereda Caño Verde, zona rural de Solano, Caquetá, durante una operación conjunta de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea. Las autoridades lo señalan como presunto explosivista del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura vinculada a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.
De acuerdo con la Fuerza Pública, Cuéllar Aya habría operado un taller clandestino en la selva caqueteña para fabricar artefactos explosivos destinados a ataques contra civiles y uniformados en Caquetá y Huila. El lugar también habría funcionado como centro de instrucción para la elaboración de cilindros bomba, dispositivos adaptados para drones y elementos utilizados en la instalación de campos minados.
Las autoridades reportaron diferencias en las cifras sobre la producción atribuida al detenido. Un informe citado por la revista Semana indica que el taller tendría capacidad para fabricar cerca de 2.000 artefactos al mes, mientras que el Ejército aseguró que en los dos meses anteriores se habrían elaborado aproximadamente 5.000 dispositivos.
La investigación apunta, además, a que alias Bocalinda mantenía comunicación directa con alias Calarcá y recibía instrucciones para ejecutar ataques y acciones extorsivas. El Ejército también lo relacionó con la presunta vinculación de menores de edad en la fabricación de explosivos, una acusación que deberá ser verificada por la Fiscalía y los jueces competentes.
Durante el operativo fueron incautados 25 cilindros de 40 libras, 301 recipientes con pólvora negra, municiones de distintos calibres, radios de comunicación, diez teléfonos celulares y panfletos extorsivos.
El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder, entre otros delitos, por fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos, terrorismo y concierto para delinquir agravado. Será la justicia la encargada de establecer su responsabilidad penal y determinar si las acusaciones presentadas por las autoridades tienen sustento probatorio.




