📸 Cortesía: Senado de la República
¿Sombras sobre el Capitolio?
Un eco inédito retumba en la política colombiana y estadounidense.
Este 1 de julio de 2025, treinta congresistas colombianos —21 representantes y 9 senadores— elevaron una petición formal al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su objetivo: que se investigue, y en su caso sancione, a los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez, tras la filtración de controvertidos audios del excanciller Álvaro Leyva. En esas grabaciones, Leyva denuncia un supuesto complot internacional para desestabilizar y derrocar al presidente colombiano Gustavo Petro.
El documento, difundido públicamente ese lunes en Bogotá, recoge con preocupación las menciones directas a estos congresistas floridanos, vinculados con la administración del expresidente Donald Trump. Según Leyva, él habría gestionado reuniones y apoyos para forjar un “acuerdo nacional” que posibilitara la salida anticipada de Petro y la consiguiente ascensión de la vicepresidenta Francia Márquez. Una acusación que abre un abismo en las relaciones bilaterales y que no tardó en provocar reacciones en ambos países.
La carta enviada por los legisladores colombianos recalca, sin embargo, el respeto estricto a la presunción de inocencia y al debido proceso. Desde ese marco, piden esclarecer si las conductas de los congresistas estadounidenses incumplen los códigos de ética parlamentaria o violan la soberanía colombiana. “Nuestra inquietud va más allá de la política; estamos ante una posible amenaza a la independencia democrática de Colombia”, destacaron en el pronunciamiento.
Mientras tanto, las respuestas no se hicieron esperar. Tanto Mario Díaz-Balart como voceros de la Casa Blanca negaron enfáticamente cualquier implicación en una trama golpista. Las desmentidas, aunque claras, no apagan la tensión. ¿Podrían estas acusaciones quedar en meras sospechas? ¿O la investigación destapará una verdad que erosionaría la confianza entre ambas naciones?
Por ahora, la incertidumbre persiste en los pasillos del poder. La ciudadanía colombiana, más que nunca alerta, vigila. ¿Podrá la ética parlamentaria en Washington resistir el embate de este desconcertante episodio? ¿Se esclarecerán las sombras que ahora cubren un capítulo tan delicado de la historia contemporánea? Mientras la duda se instala, la realidad sigue siendo aquella: la democracia colombiana está llamada a defenderse, no solo de amenazas internas, sino también de injerencias que buscan quebrar su pulso soberano.
