📸 Imagen cortesía Juan David Duque (REUTERS)
¿Pacto por la controversia?
Un 21 de junio que no será fácil de olvidar. En la Plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, Medellín se convirtió en escenario de un acto oficial llamado “Pacto por la Paz Urbana”, con la presencia del presidente Gustavo Petro. Pero lo que debía ser un símbolo de reconciliación se tornó en un episodio que hoy avanza en la Corte Suprema de Justicia.
Este lunes 24 de noviembre, el concejal de Medellín, Andrés Tobón Villada, deberá declarar ante la máxima instancia judicial en el marco de la investigación contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López. El proceso penal la señala por un presunto abuso de función pública relacionado con la irrupción irregular de cabecillas delincuenciales en ese evento, un episodio que ha quedado marcado como el “Tarimazo”.
El origen es claro y preocupante. En ese acto, varios reclusos del centro penitenciario La Paz de Itagüí fueron trasladados para participar en la actividad oficial. Entre ellos, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias “Vallejo”, quien no solo apareció en la tarima, sino que lanzó duras acusaciones contra el alcalde Federico Gutiérrez y el propio concejal Tobón.
La denuncia que lleva adelante el concejal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema es contundente: asegura que la senadora Zuleta solicitó, sin competencia legal alguna, el traslado de once personas privadas de la libertad, contraviniendo la Ley 65 de 1993, que regula el régimen penitenciario. “Lo ocurrido no fue un error administrativo, sino una violación deliberada al orden jurídico”, ha señalado Tobón con firmeza.
Este episodio, que mezcla política y justicia, pone en evidencia no solo la delicada situación del sistema penitenciario, sino también la tensión entre actores públicos que debería saltar en cualquier análisis sobre el respeto institucional y la responsabilidad en el ejercicio del poder.
Mientras la Corte Suprema avanza con esta declaración, la incertidumbre persiste: ¿podrá esclarecerse el alcance real de este “Tarimazo”? ¿O quedará como una herida más en la confianza ciudadana en sus representantes? Por ahora, el proceso se abre paso, marcado por la gravedad de lo que se investiga y el silencio ansioso del público que espera respuestas.
