La presentación del Presupuesto General de la Nación para 2027 abrió un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y sectores cercanos a la anterior administración de Gustavo Petro.

El proyecto, denominado por el Ejecutivo “Presupuesto de la Verdad”, asciende a $634,9 billones: $59,3 billones más que la propuesta presentada por el Gobierno saliente. Mientras la nueva administración asegura que el incremento permite reconocer obligaciones que habían quedado ocultas o desfinanciadas, sus críticos preguntan qué ocurrió con la promesa de reducir el gasto y el tamaño del Estado.

Restrepo acusa al Gobierno Petro de “irresponsabilidad fiscal”

El vicepresidente José Manuel Restrepo respaldó la reformulación del presupuesto y responsabilizó directamente a la administración anterior por el deterioro de las cuentas públicas.

“La irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional los gastos de pensiones, los gastos de salud, los salarios de los funcionarios públicos, el componente de costos e intereses de la deuda pública, ni siquiera los recursos para las universidades oficiales o estatales”, afirmó Restrepo.

El vicepresidente sostuvo que el aumento no corresponde a nuevos programas del Gobierno De La Espriella, sino al reconocimiento de obligaciones que ya existían y que el Estado debe pagar durante 2027.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, reforzó esa explicación y aseguró que el proyecto no crea nuevos cargos públicos, sino que corrige una inconsistencia en la cantidad de funcionarios reportados.

Según el ministro, el presupuesto anterior contabilizaba 99.001 cargos, cuando la planta real ascendería a 107.927.

Bruce Mac Master reconoce la gravedad de las cuentas

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master, afirmó que el nuevo Gobierno recibió una situación fiscal “extraordinariamente grave”.

Su pronunciamiento coincide con las advertencias que desde los gremios y organismos técnicos se venían realizando sobre el crecimiento del déficit, la deuda pública y la debilidad de los ingresos tributarios.

Sin embargo, el respaldo al diagnóstico no elimina las dudas sobre la solución. El desafío, según los análisis conocidos, será ejecutar un presupuesto de semejante tamaño sin aumentar la presión tributaria, disparar nuevamente el endeudamiento o reducir todavía más la inversión pública.

“¿Dónde quedó la austeridad?”

Desde sectores opositores comenzaron a cuestionar la aparente contradicción entre el discurso de austeridad del Gobierno y un presupuesto que supera en casi 10 % el proyecto dejado por Petro.

Uno de los principales reparos es que el presupuesto para 2027 sería aproximadamente $88 billones superior al aprobado para 2026, pese a que De La Espriella prometió reducir el gasto público y la burocracia.

El dirigente antioqueño Alejo Toro cuestionó públicamente al Ejecutivo:

“¿Dónde quedó la austeridad prometida por De La Espriella?”

La crítica también se concentra en que, aunque el monto total aumenta, la inversión bajaría de aproximadamente $90 billones a $86,9 billones. En contraste, el servicio de la deuda sube hasta $155,4 billones y representa cerca de una cuarta parte del presupuesto.

Gobierno anterior rechaza que sus cuentas fueran “una mentira”

El exministro de Hacienda Germán Ávila rechazó los señalamientos según los cuales la administración Petro habría presentado deliberadamente un presupuesto falso o habría ocultado las obligaciones del Estado.

Desde la anterior administración se ha argumentado que parte del desfinanciamiento obedecía a la negativa del Congreso a aprobar las leyes de financiamiento propuestas por el Gobierno Petro y no a la inexistencia de esas necesidades.

Ávila había advertido que no era posible equilibrar las finanzas públicas sin conseguir nuevos ingresos tributarios. Bajo su propuesta, $30,2 billones del presupuesto dependían de la aprobación posterior de una ley de financiamiento.

El nuevo Gobierno eliminó esa fuente contingente, pero incorporó un aumento significativo del servicio de la deuda y anunció una futura Ley de Rescate Económico, que, según Hacienda, no creará nuevos impuestos.

Congreso tendrá la última palabra

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, defendió la iniciativa y afirmó que parte de un principio de responsabilidad fiscal, protege el gasto social, garantiza pensiones y salarios, fortalece la seguridad y prioriza la inversión que genera crecimiento.

El proyecto comenzará ahora su discusión en las comisiones económicas conjuntas, que deberán aprobar el monto definitivo antes del 15 de septiembre.

El debate tendrá dos preguntas centrales: si el incremento corresponde únicamente al reconocimiento de obligaciones heredadas y si el Gobierno podrá financiar $635 billones mientras cumple su promesa de austeridad.