La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, tras una nueva evaluación de las condiciones de riesgo de cada uno.
Fuentes del Gobierno Nacional señalaron que la entidad no encontró motivos suficientes para continuar con estas medidas, cuyo costo conjunto para el Estado rondaba los $40 millones mensuales.
La decisión se conoce en medio de la controversia por la protección otorgada a personas cercanas al petrismo. Gabriela Muñoz había asegurado que contaba con seguridad debido a amenazas que, según ella, fueron denunciadas ante la Fiscalía. Sin embargo, el ente acusador aclaró que solicitó una evaluación de riesgo, pero no pidió directamente asignarle un esquema.
En el caso de Juliana Guerrero, su protección también estaba bajo cuestionamiento por las polémicas que la rodean, entre ellas el proceso judicial que enfrenta por la presunta falsificación de un título universitario.
Por su parte, Beto Coral recibió un esquema de seguridad poco después de su deportación desde Estados Unidos, sin que previamente se hubiera completado el procedimiento ordinario de evaluación de riesgo.
