📸 Cortesía: Fiscalía
Fiscalía imputa nuevos cargos a tres mujeres por cirugías estéticas clandestinas en Medellín
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo por realizar cirugías estéticas ilegales en Medellín, que dejaron al menos 55 víctimas, de las cuales más de 40 sufren secuelas graves. Las presuntas responsables aceptaron su participación en delitos como concierto para delinquir, estafa agravada y lesiones personales dolosas.
El operativo judicial reveló que las tres mujeres operaban clandestinamente en viviendas acondicionadas como quirófanos improvisados en barrios como Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera. Captaban pacientes mediante redes sociales, ofreciendo procedimientos como lipólisis láser con transferencia glútea, sin formación ni protocolos de higiene adecuados. A propósito de estas intervenciones realizadas entre abril de 2023 y mayo de 2024, legitiman directamente tareas como anestesia local, aplicación de medicamentos y masajes postoperatorios, utilizando materiales no estériles e insumos peligrosos.
La Seccional Medellín de la Fiscalía explicó que cuando las víctimas presentaban complicaciones, como deformidades, infecciones y dolores crónicos, la red dispuestas a evadir controles trasladaba las operaciones a otros sectores. Muchas pacientes, provenientes de diferentes regiones del país y del exterior, quedaron hospitalizadas por los efectos secundarios derivados de estos procedimientos de bajo costo ofrecidos en línea.
“Las investigadas participaron directamente en los procedimientos estéticos en labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos”, afirmó la Fiscalía durante la audiencia de imputación. Además, el ente indicó que otras dos personas vinculadas como articuladoras de esta red denominada “Arte en tu Cuerpo” también han sido judicializadas.
Las tres principales imputadas permanecen privadas de la libertad en centros carcelarios mientras avanza la investigación. Este caso resalta los riesgos de intervenciones estéticas no reguladas y la necesidad de denunciar cualquier procedimiento fuera de los esquemas autorizados para evitar daños a la salud y la integridad de la comunidad. La Fiscalía y las autoridades siguen haciendo un llamado a la población para que recurra únicamente a servicios certificados.
