El borrador del Estatuto Antiterrorista permitiría bloquear cuentas, negar subsidios y cerrarles la contratación pública a personas y organizaciones incluidas en un registro nacional

Aparecer en la denominada “lista de la Espriella” tendría consecuencias inmediatas: congelamiento de cuentas y bienes, imposibilidad de contratar con el Estado y exclusión de subsidios, beneficios y programas financiados con recursos públicos.

Esas son algunas de las medidas incluidas en el borrador de 116 páginas del Estatuto Antiterrorista que el Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara para llevar al Congreso.

El proyecto contempla la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, un mecanismo similar —según la propia exposición de motivos— a la llamada lista Clinton o a la designación estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras.

Los expedientes serían elaborados por una instancia técnica con delegados de organismos de seguridad, los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero. La decisión definitiva de incluir a una persona u organización quedaría en manos del Consejo de Seguridad Nacional.

Una vez incorporado un nombre al registro, el sector financiero tendría que congelar sus fondos y activos. La persona o estructura señalada tampoco podría celebrar contratos públicos ni recibir subsidios mientras permanezca en la lista.

La iniciativa permitiría solicitar la exclusión del registro y establece un plazo de 90 días para responder. Si la petición fuera negada, el afectado podría acudir al Consejo de Estado. Este procedimiento será uno de los centros del debate: si ofrece suficientes garantías o si una decisión administrativa podría anticipar castigos sin una condena judicial.

El estatuto también crearía el cargo de alto comisionado contra el terrorismo, escogido directamente por el presidente para un periodo de cinco años. Además, concedería facultades extraordinarias al jefe de Estado durante seis meses para organizar esa dependencia.

El texto propone aumentar penas por conductas asociadas con drones, minería ilegal, narcotráfico, extorsión, ataques a infraestructura, contrabando, asonadas y financiación del terrorismo. Los cabecillas serían recluidos en pabellones especiales, con comunicaciones y visitas restringidas.

También habría beneficios: quienes colaboren eficazmente para desarticular una organización incluida en el registro podrían obtener una reducción de hasta el 60 % de la pena, siempre que entreguen la información antes de la acusación formal.

Desde el oficialismo se presenta la propuesta como una herramienta para golpear las finanzas, el mando y las comunicaciones de los grupos armados. En la oposición ya surgieron inquietudes sobre el riesgo de que una lista administrada por el Ejecutivo pueda utilizarse contra movimientos sociales o adversarios políticos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la denominada “lista de la Espriella”?

Es el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas previsto en el borrador del Estatuto Antiterrorista. La inclusión estaría decidida por el Consejo de Seguridad Nacional, con base en expedientes elaborados por una instancia técnica.

¿Qué consecuencias tendría aparecer en este registro?

La persona u organización incluida podría enfrentar el congelamiento de cuentas y bienes, la imposibilidad de contratar con el Estado y la exclusión de subsidios y programas financiados con recursos públicos. Estas medidas se mantendrían mientras permaneciera en la lista.

¿Cómo podría una persona u organización salir del registro?

El borrador permitiría solicitar la exclusión y establece un plazo de 90 días para responder. Si la petición fuera negada, el afectado podría acudir al Consejo de Estado.