Con falsas agencias de viajes habrían estafado a más de 1.000 personas en Medellín

Con falsas agencias de viajes habrían estafado a más de 1.000 personas en Medellín

Imagen cortesía Fiscalía General de la Nación
Judicializan a dos presuntos integrantes de red de estafas turísticas en Medellín
La Fiscalía General de la Nación judicializó en Medellín a dos personas señaladas de integrar una estructura que habría estafado a más de 1.000 víctimas a través de agencias de viajes ficticias y supuestos beneficios turísticos en varias ciudades del país. Los procesados son Ruthber Jhonaido Palacio Graciano y Jorman Andrés Sepúlveda Palacio, a quienes se les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada de modalidad masiva, acceso abusivo a sistema informático y violación agravada de datos personales según reporte oficial.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura operaba principalmente en Medellín, La Ceja y Manizales, en fechas no precisadas, montando empresas fachada que simulaban ser agencias legítimas de turismo. Las estafas iban dirigidas especialmente a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, a quienes les ofrecían bonos, membresías falsas y promociones inexistentes para acceder a supuestos beneficios turísticos.

Según informaron las autoridades, los presuntos responsables obtenían datos personales después de convencer a las víctimas para que les entregaran cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos móviles bajo el pretexto de validar los premios. Posteriormente, otros miembros de la red utilizaban esta información para abrir productos financieros y realizar movimientos ilícitos que permitían redirigir el dinero captado hacia cuentas bajo el control de la organización.

En el marco de la operación, el CTI ejecutó 15 diligencias de allanamiento y registró varias propiedades decomisando dispositivos electrónicos y documentación que serviría como evidencia del fraude organizado. El cálculo oficial señala que estas acciones fraudulentas representaron un perjuicio económico superior a los 14.000 millones de pesos.

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