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¿Justicia tardía para una herida abierta?
Este martes 7 de octubre de 2025, en Medellín, un juez penal especializado emitió una sentencia que pesa como una losa sobre el pasado reciente de Colombia. José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado a 28 años de prisión por el secuestro agravado de la exsenadora Piedad Córdoba, ocurrido hace más de dos décadas, el 21 de mayo de 1999.
Esa mañana en El Poblado, Medellín, la excongresista fue interceptada por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando se dirigía a una cita médica. Durante 14 días permaneció privada de su libertad, hasta que la presión política, humanitaria y eclesiástica logró su liberación el 4 de junio del mismo año. La Fiscalía General de la Nación estableció que Narváez no solo tenía conocimiento del secuestro, sino que facilitó información reservada del DAS al entonces jefe paramilitar Carlos Castaño Gil. Su intención: justificar el rapto y un eventual homicidio en base a falsas acusaciones que la vinculaban con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Más que un acto aislado, el juez describió este secuestro como un crimen de lesa humanidad, un reflejo claro de la persecución política sistemática en medio del conflicto armado que ha marcado a Colombia. La condena lo inhabilita además por 20 años para desempeñar cargos públicos y lo obliga a pagar una multa de 3.499 salarios mínimos legales mensuales. En sus palabras, el fallo desnuda la participación directa de un alto funcionario estatal en la vulneración de derechos fundamentales, empleada como método de intimidación contra una voz opositora.
Cabe recordar que este no es el primer capítulo judicial contra Narváez. En 2018 ya fue condenado a 30 años por su responsabilidad en el asesinato del periodista Jaime Garzón, pena que luego fue reducida a 26 años. Estos antecedentes oscuros subrayan un patrón de impunidad y violencia de Estado que difícilmente puede juzgarse sin un análisis profundo de las estructuras que la permitieron.
La sentencia arroja una luz tenue a la dolorosa memoria de Colombia, pero deja intactas muchas preguntas: ¿puede la justicia reparar heridas tan profundas? ¿Qué garantiza que esta condena no sea otro eco en el vacío de la impunidad? A partir de hoy, el país debe mirar hacia adelante, pero sin olvidar jamás las sombras que trajeron a la luz estos crímenes. ¿Será posible encontrar justicia plena en medio de tanto desencuentro?
