Foto cortesía Migración Colombia
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra comunidades Wayúu en La Guajira. La sentencia reconoce múltiples delitos cometidos entre 2002 y 2006 y ratifica el compromiso judicial de documentar los crímenes de lesa humanidad en la región.
Los hechos quedaron comprobados por la Fiscalía General de la Nación, que señaló que bajo el mando de Mancuso, las estructuras del Frente Contrainsurgencia Wayúu del Bloque Norte de las AUC ejecutaron asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y violencia de género, entre otras violaciones. Entre los casos emblemáticos se documentó la irrupción del 10 de octubre de 2003 en la ranchería Manaki, Uribia, donde sujetos armados golpearon a indígenas y destruyeron sus elementos culturales; el asesinato de dos indígenas Wayúu en la ranchería Kepischon en marzo de 2002 también fue acreditado dentro del proceso.
El Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 con cerca de 150 hombres para ampliar la presencia paramilitar en La Guajira, principalmente en zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. Este grupo tuvo entre sus objetivos controlar rutas estratégicas vinculadas al narcotráfico y al contrabando, actuación que dominó por cuatro años.
La decisión judicial incluyó reconocer como sujetos de reparación colectiva a las comunidades Wayúu de Carraipia, Majayura, Malaki en Uribia, y Matitas en Riohacha. Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo y una multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; sin embargo, podrá optar por una pena alternativa de ocho años cumpliendo con lo establecido en la Ley de Justicia y Paz.
Ante esta condena, el tribunal pone en evidencia la magnitud del sufrimiento de las comunidades indígenas en su territorio y establece un precedente importante en la gestión de la justicia por violaciones sistemáticas cometidas por las estructuras paramilitares en La Guajira. Los entes judiciales pidieron plena colaboración para garantizar el cumplimiento de la condena y la restauración de los derechos de los afectados.
